Todavía se sabe muy poco sobre las políticas culturales del próximo gobierno, aunque este desconocimiento afecta a lo que ocurrirá en varias áreas de la administración. Como en otros temas, los partidos que gobernarán a partir del 1º de marzo aún no han elaborado un plan de acción conjunta, y tampoco han completado las designaciones que afectan al campo de la cultura (en las últimas semanas se asociaron algunos nombres a la Dirección Nacional de Cultura [DNC], al SODRE y a TNU, pero los equipos distan de estar prontos), lo que vuelve muy difícil obtener declaraciones de las pocas autoridades ya designadas. Para colmo, el documento que presentó la coalición de cara a la segunda vuelta, en noviembre, no hace mención alguna a la cultura (por lo menos en su acepción “estrecha”, que refiere al arte y al entretenimiento).
En letra, entonces, lo más cercano a un mapa de ruta es el programa de gobierno que el Partido Nacional (PN), principal sostén de la coalición, presentó en agosto de este año que termina. Gran parte del documento es una declaración de buenas intenciones –más varias reinvenciones de la pólvora– que no plantearían diferencias sustanciales con lo hecho durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), que, en pocas líneas, promovió la generación de contenidos culturales locales y buscó darle difusión a la cultura en sitios y estratos sociales donde no llegaba. En más de un plano, como en la mejora de la coordinación con el área educativa, en la cercanía con los medios públicos y la descentralización, el programa se plantea como una evolución de la gestión actual.
Hay, no obstante, algunos detalles que sugieren otros rumbos. La política cultural, según el documento, “debe estar libre de todo sesgo político partidario, ideológico o dogmático” y se confirma que se trata de una situación a corregir cuando más adelante aclara que hay que “despolitizar la gestión”. “Áreas muy vitales de la vida cultural han recibido menos apoyo que otras más próximas a las preferencias del oficialismo”, dice, aunque tendremos que esperar unos meses para saber cuáles son esas áreas.
El programa también dice que “el manejo poco profesional de los mecanismos concursables ha generado una pérdida de legitimidad ante buena parte de los actores culturales”, y a este cuestionamiento los nacionalistas agregan el diagnóstico de que existen demasiados fondos, que les parece que funcionan y premian de manera despareja. El documento adelanta la intención de homogeneizar en este rubro, en una tendencia a la reorganización en búsqueda de eficiencia que se enfoca en la infraestructura cultural y, especialmente, en los museos.
La reestructuración afectará también a la propia DNC: agregará a sus áreas actuales una de “Coordinación de actividades culturales”, que deberá interactuar fuertemente con los gobiernos departamentales y que, dada las críticas del documento a los centros MEC por burocráticos y politizados, quizás los reconvierta o sustituya. Habrá, según el documento, “redistribución de funcionarios y contratación de técnicos idóneos” para superar “desequilibrios actuales”. Entre estos, se menciona que “hoy existe un Instituto Nacional de Artes Escénicas, pero no existe nada equivalente para la música, pese a que esta genera 90% de la facturación de las industrias culturales”.
La preocupación por las finanzas y la gestión atraviesa todo el capítulo “Cultura” del documento, aunque es especialmente clara en el apartado dedicado al SODRE, para cuya dirección ya se designó a la periodista Adela Dubra y al coreógrafo Martín Inthamoussu. “Su modelo de gestión debe ser actualizado, hace falta construir puentes con los actores culturales públicos y privados, y se deben diversificar sus fuentes de ingresos. Hace falta dotarlo de un Departamento de Finanzas y Captación de Fondos, y de un Departamento de Marketing y Comunicación (hoy existen al menos cuatro equipos de comunicación que funcionan sin coordinación entre ellos)”, dice el programa.
El acercamiento a las empresas privadas también se plantea respecto al sistema de medios públicos, que hoy “tiene mucha capacidad de llegada pero muy bajas audiencias”, y la diversificación de financiamiento se menciona incluso para fondos como el Fonam (música), la Cofonte (teatro), el Fona y el Icau (audiovisual), que ya recogen apoyos heterogéneos.
La preocupación por lo presupuestal, evidente en el énfasis en la reorganización y la búsqueda de fondos privados, está en sintonía con el propósito de ahorrar 900 millones de dólares en las cuentas públicas que adelantaron los partidos coaligados; no es descabellado pensar que la cultura será una de las áreas más afectadas por el recorte.
El anuncio de una deseable coordinación de las políticas culturales en todo el Estado alcanza a la interna del MEC (es decir, entre Educación y Cultura) y a los medios públicos, pero no llega hasta las empresas públicas, que en muchos casos disponen de un presupuesto para esponsoreos bastante mayor que el que maneja toda la DNC, aunque esa coordinación sí podría ser un gran avance respecto de lo recorrido por las administraciones del FA. Y, aunque se mete en asuntos tan específicos como la necesidad de crear tecnicaturas en luthería o restauración, el plan del PN no menciona, ni en su apartado “Cultura” ni en otra parte, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya aplicación cabal implicaría un despegue de la producción local. Esta ausencia no sorprende, dada la oposición a la norma del PN y sus aliados; sin ir más lejos, anteayer el futuro subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, afirmó que la ley debe ser reformada o suprimida.