Ricardo tenía 57 años. Estaba privado de libertad en el sector de prisiones preventivas del módulo 8 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Es el módulo de mayor complejidad de todo el establecimiento.
Allí se concentra gran parte de las prisiones preventivas del sistema. Luego de los cambios en el Código del Proceso Penal estas prisiones –en las que se detiene a la persona acusada de un delito en espera del juicio– tienen que estar separadas del resto de la población carcelaria.
Ricardo estaba allí hacía poco tiempo. A pesar de ser hipertenso, hiperuricémico, dislipémico, hipotiroideo y de sufrir insuficiencia cardíaca y renal, se encontraba recluido en el sector con peores condiciones de todo el sistema penitenciario.
Sus problemas de salud eran conocidos. Tal es así que, según la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), había informes que solicitaban a la sede judicial competente que se buscara una alternativa a la reclusión del fallecido, ya que soportaba “una pesada carga mórbida” que comprometía “su pronóstico vital y funcional a corto, mediano y largo plazo, lo que se potencia con su encierro”.
El sábado de tarde, Ricardo se sintió mal. Lo llevaron a la policlínica de ASSE que funciona en el Comcar. Le administraron medicación para compensarlo y ordenaron que volviera a su celda. Y ahí fue donde colapsó y tuvo un paro cardiorrespiratorio. En su agonía, se puede ver claramente en su brazo una vía que se observa impoluta, ya que había sido colocada minutos antes para estabilizarlo en la enfermería previo a llevarlo de vuelta a su celda. Decenas de personas privadas de libertad de su celda y las aledañas gritaron por ayuda.
Según se informa, la guardia policial del módulo llamó al servicio de salud. En ese momento el médico que estaba de guardia atendía a otras personas que presentaban heridas de arma blanca tras una pelea con cortes. Cuando llegó la asistencia sólo pudieron constatar su fallecimiento.
En un comunicado de ASSE dicen que el fallecido “habría ingerido alcohol y otras sustancias psicoactivas”. Como fuente para afirmar esto se remiten al “relato de otros privados de libertad” y no citan información oficial o la autopsia.
“El hombre se murió. Lo llevaron a enfermería, lo devolvieron y se murió. Se acaba de morir en su celda. Para que vean cómo nos tienen en la preventiva. Ese hombre tiene una familia y lo dejaron morir. Lo llevaron hace una hora a enfermería, no lo internaron y lo dejaron morir. Acá nos dejan morir”, dicen los privados de libertad que acompañaron el deceso de Ricardo en el video que grabaron tras su muerte y que se viralizó.
En otro video, en el que se ve a Ricardo agonizando, también se observan las condiciones de las celdas en un recorrido que hace la cámara mientras los reclusos transmiten su reclamo: “Así nos tienen en la preventiva del módulo 8. Este hombre está mal, a ver si les parece que un humano puede estar así, en estas condiciones. No tenemos agua, pasamos días sin agua. A ver si les parece que en estas condiciones se puede vivir y si así nos podemos rehabilitar. O si cada vez salimos peor. Mirá el estado en que está el tipo. Recién lo sacaron de enfermería y lo trajeron de arrastre y lo tiraron para acá. Esto no es así. Miren las instalaciones que tenemos que hacer para calentar agua, con peligro de prendernos fuego. Así, en estas condiciones, estamos trancados todo el día, meses sin salir al patio. Díganme las autoridades si en este estado podemos estar, si en estas condiciones un ser humano puede vivir. ¿Les parece que nos podemos rehabilitar en este estado?”, dicen mientras muestran los pocos metros de celda en los que se alojan.
Inadecuación de la estructura
Para conocer las circunstancias en las que sucedieron los hechos, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, visitó el módulo. Habló con los compañeros de celda de Ricardo y con otros privados de libertad que estuvieron presentes mientras moría. También con los funcionarios policiales y el equipo de salud.
Según dijo a la diaria, no tiene información para evaluar el acto médico. Se espera por el avance de investigaciones administrativas del Instituto Nacional de Rehabilitación y de ASSE para determinar responsabilidades. También se dio cuenta a Fiscalía. “Hemos recogido múltiples elementos sobre lo ocurrido. Las investigaciones en curso determinarán la causa exacta de la muerte y qué fue lo que ocurrió. Lo que queda muy claro en la recorrida es que las condiciones de reclusión del módulo 8 son violatorias de la dignidad humana, por falta de recursos humanos, por falta de actividades, por dificultades de acceso de los servicios, por malas condiciones de habitabilidad sobre las que hemos informado ampliamente desde tiempo atrás”.
Afirmó que “hay un contexto penitenciario totalmente inadecuado, con un módulo en condiciones de inhabitabilidad”. Destacó los altos niveles de hacinamiento y que el sector de preventivas no cuenta con ninguna actividad. “Este contexto influye en la atención médica. Es difícil valorar el acto médico sin su contexto, es como valorar una cirugía si el cirujano va en una moto a 200 kilómetros por hora. La actuación médica en este caso fue en un contexto adverso, con una situación paralela en la que otro interno se encontraba gravemente herido tras una pelea. El hecho revela un contexto penitenciario inadecuado que da una señal tras otra, todos los días”.
Petit dijo que “salta a los ojos la total inadecuación de la estructura carcelaria” y que “existen una cantidad de casos de salud que deben ser tratados y que no pueden tener la atención que requieren por diversos motivos. Porque es inaccesible, por seguridad, porque falta personal, porque no son trasladados”.
Para reducir los daños de esta realidad y sortear las dificultades que existen para la atención de privados de libertad en el Comcar, donde se encuentra uno de cada tres presos del país, elevaron una nota al Ministerio del Interior y a ASSE en la que proponen que el módulo 12, que quedó vacío tras un motín que hubo el año pasado sea habilitado como un centro de salud de baja complejidad.
“Allí podrían atenderse casos de pre y posoperatorio, personas heridas, en particular apuñaladas, que hay prácticamente todos los días. Permitiría descongestionar traslados fuera de la unidad y serviría para abordar casos de tuberculosis. Es un lugar con buena vigilancia, ventilación e iluminación, podría cumplir una función que hace falta en el servicio de salud y actuar en casos de emergencia que hoy no pueden tener respuestas adecuadas en este contexto”.
Es una propuesta que debe estudiarse y que requiere recursos materiales y logísticos. “Bajar la violencia y la reincidencia implica un conjunto de acciones en planos que se comunican entre sí: educación, trabajo, cultura, relación con la familia, y como elemento central están la salud y la salud mental. Sin políticas consistentes en salud y salud mental no vamos a poder bajar la reincidencia”.
El grueso de la atención sanitaria en cárceles está en la órbita del Sistema de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) de ASSE. Aún quedan unidades penitenciarias que dependen de Sanidad Policial. Se espera por la transición total a ASSE como continuidad de la reforma penitenciaria.
Hace algunas semanas se resolvió que el director de SAI-PPL, Lauro Meléndez, pase a jubilación tras un episodio en que se le negó un fármaco a un preso con riesgo de contagio de VIH. ASSE está trabajando en los pasos a seguir, es probable que haya una reestructura integral del sistema.
En lo que va de año ha habido diez muertes en custodia, de las cuales siete han sido violentas. Si se abarca desde 2015 hasta hoy, 181 personas murieron bajo la tutela del Estado en las cárceles. La mayoría fueron homicidios; el suicidio es la segunda causa de muerte y la tercera es la muerte por causas naturales.
¿Cómo es el módulo 8 del Comcar?
En setiembre del año pasado, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 34º Turno solicitó al comisionado parlamentario penitenciario que “se informe sobre la situación del módulo 8 del Comcar”. Específicamente pidió relevar el sector en que se encuentran los imputados que cumplen prisión preventiva, justamente donde días atrás murió Ricardo.
El informe –publicado en noviembre de 2018– lo define como un módulo de “trato cruel, inhumano y degradante”. Se destaca la importancia de considerar las condiciones en las que viven estas personas porque, cada día, entre una y dos personas recuperan su libertad y salen –sin escala– desde el módulo 8 a la calle.
Hay 502 personas distribuidas en 12 planchadas con hileras de diez celdas cada una. En el sector C se alojan las prisiones preventivas; en el C1, los reincidentes, y en el C2 los primarios.
A pesar de que la reforma penitenciaria logró, entre otras cosas, reducir el hacinamiento, en el módulo 8 este alcanza cifras asombrosas. Según información oficial hay 310 plazas disponibles. El hacinamiento es de 160%, 50% más que el máximo aceptado por Naciones Unidas, que es 110%. Sin embargo, según el informe del comisionado, se contabilizaron 215 camas, por lo que el hacinamiento asciende a 234%.
294 personas (59%) no tienen cama para dormir. Duermen en el piso, sobre telas, cartones o pedazos de colchón. “Hay un hacinamiento muy crítico, no sólo por la sobrepoblación sino por el régimen de encierro permanente en celda que predomina en el módulo”. Uno de los lugares más críticos es, justamente, el sector de prisiones preventivas. Allí la población triplica la cantidad de camas disponibles.
Las ratas abundan. También las cucarachas y otros insectos. Con mecanismos caseros se intentan tapar los caños y el wáter para que las ratas no entren a las celdas. Pero circulan de todas formas.
Las celdas miden 5 metros por 2,40 metros. En 12 metros cuadrados hay un promedio de cuatro personas por celda. Cada preso tiene menos de tres metros cuadrados para vivir las 24 horas. Otras celdas tienen sobrepoblación, llegando a encontrarse entre seis y ocho personas; algunas celdas llegan a contener a diez personas.
La comida se sirve a través de una pequeña apertura de la celda, las puertas no se abren. Cada preso tiene su táper o similar, y el rancho (la comida) pasa por el sapo (la apertura). La basura se tira a los pasillos y los fajineros la recogen cada día.
Las personas privadas de libertad salen solamente los días de visita. Si no tienen visita no salen de la celda. Salen al patio una vez por semana, y apenas por unos minutos. La otra salida posible es la policlínica, siempre que la situación lo amerite. También hay quienes pasan semanas, meses e incluso años sin salir.
Sólo 41 (8,2%) de las 502 personas trabajan. Tres lo hacen fuera del módulo y el resto (39) desarrolla tareas de limpieza y mantenimiento en el mismo módulo. Todo el trabajo es informal, ninguno recibe salario. 67 (13,3%) de 502 realizan actividades socioeducativas. Una sola persona estaba registrada en actividades socioeducativas y de trabajo a la vez.
Es un módulo policial. Hay un solo operador penitenciario civil. Es visto dentro de Comcar como un módulo de castigo, muchos presos que “no caminan” –que tienen conflictos que les impiden estar en otros lugares– son depositados en este espacio.
El informe de Juan Miguel Petit y su equipo concluye que “el módulo 8 violenta masivamente las normas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de personas privadas de libertad”. Y cierra considerando que “todo lo anterior requiere de una intervención basada en recursos institucionales que exceden la disponibilidad operativa del Instituto Nacional de Rehabilitación, siendo necesarios insumos y recursos de la autoridad rectora –Ministerio del Interio– articulada con otros organismos del Estado con mandato competente sobre los servicios sociales de las personas privadas de libertad (Codicen, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Intendencia de Montevideo, ASSE)”.
El reporte plantea elementos estratégicos “para las necesarias y urgentes intervenciones que deben realizarse para promover el derecho a la vida de las personas privadas de libertad y de las personas que se relacionarán con ellos en un futuro muy cercano, es decir, la sociedad toda”.