La nueva cárcel de Punta de Rieles por dentro

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La Unidad 1 empezó a funcionar en enero de 2018 y es la primera cárcel que se construye en Uruguay bajo un régimen de asociación público privado. Queda en Camino Dionisios entre Camino Punta de Rieles y Camino Chacarita de los Padres, en una zona del barrio que se ha ido urbanizando en base a las cárceles, que ocupan una enorme porción del espacio. Al mirar desde algunas de las ventanas aparece en el horizonte la usina municipal de residuos Felipe Cardoso, el principal basural de Montevideo.

Además de compartir nombre, es contigua a la reconocida Cárcel de Punta de Rieles (Unidad 6), que tiene un régimen antagónico al que se aplica en el nuevo centro de detención. La Unidad 6 propone verde, apertura y gestión humana artesanal. La Unidad 1 propone hormigón, encierro y gestión tecnológica.

El terreno, de 25 hectáreas, es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional y fue cedido al Ministerio del Interior (MI) a través de un comodato. La empresa que ganó la licitación para hacerse cargo del proyecto es UPR S.A. Sus capitales están compuestos por Teyma (85%) y Goddard Catering Group (15%). El contrato, firmado en 2015, tiene un plazo de 27 años, hasta 2042. Vencido este plazo, las obras pasarán a ser enteramente del Estado.

La empresa, además de solventar la financiación del proyecto, se encarga del diseño, la construcción y el equipamiento. También del mantenimiento de la infraestructura y los equipos. En cuanto a los servicios, se ocupa de la alimentación, tanto para las personas privadas de libertad como de los funcionarios (que comen lo mismo, una bandeja con un menú diario que ha sido criticado por su cantidad y su calidad). También debe asumir los servicios de lavandería, limpieza, control de plagas y economato. Con autorización del MI, la empresa puede llegar a proporcionar servicios complementarios.

Por su parte, el Estado se encarga de la gestión carcelaria, que comprende todo lo asociado al abordaje de las personas, mediante el Instituto Nacional de Rehabilitación. La salud es competencia de la Administración de Servicios de Salud del Estado. La seguridad está a cargo de la Guardia Republicana, y es la primera cárcel que adopta esta modalidad que irá permeando el resto del sistema.

Además de policías, en la Unidad 1 trabajan operadores penitenciarios que formaron parte de la generación 2017 que se formó en el Centro de Formación Penitenciaria. También hay trabajadores privados. La empresa asociada tiene alrededor de 100 funcionarios que se dedican a tareas de cocina, limpieza y mantenimiento, entre otras.

En estos días, se terminó de trasladar para allí el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación que ya se encuentra instalado en esta cárcel de forma definitiva. En cuanto a las personas privadas de libertad, de las 1960 plazas disponibles están ocupadas alrededor de 1550.

Hasta la inauguración oficial, el jueves, no había imágenes del interior de la cárcel. Todas las que se conocían eran de la etapa de construcción. Cuando uno se acerca, o camina por su interior, hay una permanente sensación de extranjería. La circulación es limitada. Por momentos, la cárcel parece vacía, hasta que se cuela el sonido de alguien que habla en voz muy alta o uno se topa con un montón de pequeñas ventanas de celdas, una al lado de la otra, y se empiezan a contagiar entre sí gritos que las personas que viven allí le dirigen al “de afuera”.

Hay cámaras y altoparlantes por todos lados, tiene algo de Gran Hermano. En determinados puntos se observan los centros de control parcial de esas cámaras, en una especie de ‘garita del futuro’. Todo remite a un centro de control donde se observan todos los monitores. Las puertas corredizas que separan los sectores son de hierro y vidrio. Recuerdan a la imagen de un hospital, y se abren y cierran desde los puntos de control. Para separar sectores hay dos de estas puertas a corta distancia, con un espacio neutro o con un detector de metales en el medio. El mecanismo no permite abrir la segunda puerta hasta que la primera no está cerrada.

En los lugares abiertos, en los que no hay más que espacio vacío, que separa una edificación de la otra, hay policías fuertemente equipados y con buena parte de sus rostros cubiertos. Algunos están apostados en grupo y otros desfilan entre las construcciones, en lo que puede parecer una apuesta exagerada si se toma en cuenta la baja circulación de otras personas por esos espacios.

Entre otras tantas particularidades de esta cárcel, todas las personas privadas de libertad usan uniforme, que es provisto por la empresa. Esa ropa es morada y rosada. La cocina, el economato, los lugares de producción y los espacios afines tienen altos niveles de industrialización en su equipamiento, iluminación, ventilación, y a diferencia de otras cárceles de la zona metropolitana, la limpieza sorprende y caracteriza al lugar. No se ven roedores –que sí se pueden ver en otros centros–, y la higiene y la adecuada gestión de residuos favorecen el ambiente cotidiano.

A pesar de que esta propuesta ha sido muy cuestionada por expertos, porque tiene una estructura de megacárcel y la recomendación es apuntar a la construcción de pequeños centros que prioricen propuestas de integración, el proyecto fue pensado como una “cárcel modelo” para mejorar la calidad de vida. Uruguay ha logrado, a partir de la reforma penitenciaria, reducir el hacinamiento y mantenerlo dentro de los estándares internacionales aceptados. Se prevé ahora, que con una redistribución interna de las personas que viven en el sistema carcelario, la reducción del hacinamiento sea homogénea. Es decir, que en ningún módulo de ninguna cárcel haya más personas que la cantidad de plazas disponibles.

En Uruguay cerca de 11.000 personas están privadas de libertad. Se estima que cada 1.000 uruguayos, un promedio de 3,5 están presos, es una de las tasas más altas de prisionalización de América Latina.

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