La Fiscalía Penal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 3º turno de Montevideo solicitó la imposición de la sanción económica para un hombre que en marzo fue imputado por los delitos de violencia doméstica y lesiones graves. El agresor fue condenado en ese entonces a 24 meses de prisión (tres meses de prisión efectiva, tres de arresto domiciliario completo y 18 de libertad vigilada) y se le ordenó tanto el uso de una tobillera electrónica como la prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima.
Además, en una decisión fuera de lo común y según lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, se dispuso la reparación patrimonial a la mujer con la suma equivalente a 12 salarios mínimos. Esta última condición fue apelada por la defensa del hombre. Sin embargo, la fiscal Sandra Boragno rechazó esta semana la apelación y confirmó la condena, incluida la sanción patrimonial.
¿Tenés algún aporte para hacer?
Valoramos cualquier aporte aclaratorio que quieras realizar sobre el artículo que acabás de
leer, podés hacerlo completando
este formulario.
Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
El artículo fue removido para leer después de tu lista de lectura
El artículo quedó guardado para leer después en tu lista de lectura
Soledad González, quien integró la mesa de trabajo sobre violencia de género, dijo que las fallas en la protección “no responden a votar más leyes”, sino que hace falta poner “el foco en cómo se ejecutan las leyes que tenemos aprobadas”.
En el marco de la primera reunión, las autoridades escucharon a representantes de organizaciones y feministas autoconvocadas y se comprometieron a trabajar de manera interinstitucional para “dar respuesta” en “el menor tiempo posible”, aseguró la directora de Inmujeres.
Nueve menores de edad recluidas durante la dictadura fueron identificadas hasta el momento; este año se colocará una placa en el marco de la ley de Sitios de Memoria