La decisión de la Intendencia de Montevideo de establecer la obligatoriedad del uso de tapabocas en los ómnibus generó roces con empresarios y trabajadores del transporte colectivo, quienes consideraron que los conductores no deberían ser responsables de la fiscalización. De todas maneras, desde el sector aclararon que rechazan solamente la obligatoriedad de la fiscalización, ya que, según explicó el presidente de la gremial del transporte colectivo, Juan Salgado, “en los hechos, sabemos que los conductores van a hacer todo lo que esté a su alcance para hablarle mal a la gente que no sube con tapabocas, de modo que al final sea más molesto soportar los malos tratos que usar el tapabocas”. Salgado informó que las empresas del ramo “ya recibieron miles de ofertas de parte de conductores para insultar en forma completamente honoraria a los pasajeros que incumplan la medida”.
Un conductor de ómnibus explicó: “Hablar mal a los pasajeros que suben con la cara destapada no es nuestro trabajo, pero lo hacemos con gusto”. “Aparte, con esto de la baja de las frecuencias y la cantidad de pasajeros estamos extrañando el roce con la gente, las discusiones, cerrarles la puerta en la cara cuando se van a bajar, y esas cosas”, agregó. El trabajador consultado consideró que él y sus colegas son “liberales del maltrato: no nos oponemos a él, simplemente no queremos que el Estado lo vuelva obligatorio”.