Luego de múltiples reuniones entre las intendencias y los centros comerciales de la frontera con el Poder Ejecutivo, se anunciaron este martes nuevas medidas económicas que buscan aliviar a los comercios tras la apertura de fronteras, que los pone a competir con un tipo de cambio que los desfavorece, tanto en Argentina como en Brasil. Las medidas apuntan a los comercios que se ubican a 60 kilómetros o menos de las fronteras y que hayan facturado menos de 20 millones de pesos en el último año, lo que equivale a 83% de los locales de la zona, anunció el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.
La conferencia de prensa fue encabezada por Delgado junto con los intendentes Omar Lafluf, de Río Negro, Richard Sander, de Rivera, y Andrés Lima, de Salto, y el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza. Según explicaron las autoridades, el objetivo de las exoneraciones planteadas es que luego se refleje en una baja de precios de los productos que promueva el consumo de los uruguayos.
En cuanto a las medidas que están pensadas para los micro, pequeños y medianos comercios de frontera, anunciaron que durarán un año e incluyen exoneraciones en las tarifas públicas. En las próximas horas se enviará un proyecto de ley al Parlamento con varias iniciativas. En particular habrá bonificaciones de los cargos fijos en la telefonía y se descontará 25% de los cargos fijos de internet de Antel. En relación a UTE se va a bonificar 100% de los cargos fijos y por potencia contratada para estas empresas que consuman menos de 40 kilovatios, mientras que OSE también exonerará de los cargos fijos.
El subsecretario de Economía detalló que se exonerará a estas empresas de 100% de los aportes patronales por un año; además a los monotributistas se les exonera la prestación tributaria y a las empresas del literal E -las que facturan menos- se les exonera del pago del IVA mínimo, que es el impuesto fijo que tienen. En el caso de las empresas de mayor porte, se les exonera del pago del anticipo del IRAE y del anticipo de patrimonio. Es decir que tanto el Banco de Previsión Social (BPS) como la Dirección General Impositiva (DGI) harán erogaciones durante este año. “Es un estímulo bien importante que va a permitir dar competitividad y trasladarlo a precios”, opinó Delgado.
El secretario de Presidencia también dijo que se controlará desde el Poder Ejecutivo y desde las intendencias que estas exoneraciones de los tributos se vean reflejadas en una baja de los precios que lleguen a los consumidores finales.
“El tiempo dirá”
Los intendentes manifestaron su conformidad con lo acordado, en tanto refleja las preocupaciones y propuestas que habían trasladado. Lafluf recordó que sigue vigente el descuento de 24% de Imesi a la venta de nafta en las estaciones de servicio que estén en un radio de 20 kilómetros en la frontera con Argentina, mientras que Lima subrayó que también siguen vigentes hasta el 30 de abril el descuento de 9% en gastronomía y alojamiento para el turismo interno y de 22% para los no residentes en Uruguay.
No obstante, los jefes departamentales también coincidieron en que el alcance real de las medidas se va a conocer sólo con el paso del tiempo, y, sobre todo, una vez que se produzca la apertura total de las fronteras, sin restricciones para el tránsito como las que rigen actualmente. De hecho, durante la conferencia, Delgado recordó que el protocolo vigente para el ingreso al país de cualquier persona nacional o extranjera implica que debe presentar un PCR hecho hasta 72 horas antes del ingreso, el esquema completo de vacunación y otro PCR a la semana del primero. En ese sentido, tanto Delgado como Lima entienden que estas medidas además de ser sanitarias impiden el “paseo por el día” a Argentina y Brasil.
En diálogo con la diaria, Lima sostuvo que si bien “las medidas en términos generales son buenas”, hay que ver su “evolución y cómo va a impactar sobre el comercio, porque la apuesta que hace el gobierno con el paquete de medidas que presentó es que disminuya el costo del comercio para que sea más competitivo y trasladarlo a los precios”. En ese sentido, alertó que “pueden surgir dos inconvenientes: que como el comerciante viene tan golpeado, aunque tenga una disminución en los costos, al principio capaz no pueda trasladarlo a los precios, porque tiene que solucionar su situación personal. Y la segunda situación que puede darse es que el comerciante lo pueda trasladar a los precios, pero ese traslado no sea suficiente para competir con los precios de Argentina”, respecto de los cuales hay una diferencia de tres a uno, remarcó.
Para Lima, en la actualidad “el protocolo sanitario es la medida más fuerte para evitar el éxodo a la Argentina”, por lo que opinó que el Congreso de Intendentes deberá hacer un seguimiento al tema y estar atento a su desarrollo. También destacó que aunque “se tomaron casi todas las medidas planteadas por los comerciantes y las intendencias” no se consideró la propuesta de establecer precios de frontera. “Se optó por el camino de bajar los costos, y el tiempo dirá si con eso alcanza o más adelante será preciso volver a plantear los precios de frontera”, consideró.
Por otra parte, el jerarca destacó que otro factor en juego es que, si el traslado de la baja de costos a los precios “depende exclusivamente del comerciante, capaz que no todos pueden trasladar los costos de la misma manera”, sino que esto “va a depender de la solvencia de cada comerciante, de su capacidad de venta”, y esto podría llevar a que “quien venda más podrá establecer algún beneficio mayor”, en desmedro de los comerciantes más perjudicados.
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, del Partido Nacional, dijo estar “conforme” con lo anunciado, y consideró que “el Poder Ejecutivo ha sido más contemplativo aún de lo que se pensaba”, aunque no adoptó todas las medidas propuestas por los intendentes y los comerciantes del litoral. El jerarca señaló que “obviamente hay una realidad más tozuda que cualquier medida, que es que la diferencia [de cambio entre Uruguay y Argentina] es abismal”, y opinó que “no hay medida posible para armonizar” ese desbalance, pero con esto en cuenta lo anunciado por el gobierno “está bien”, afirmó. “Ahora el desafío va a ser que todo esto se traduzca en precios, que beneficie al consumidor, porque si esto termina engrosando la ganancia de los comerciantes, habremos hecho un esfuerzo estéril”, reflexionó.
Para que ese efecto se produzca, los centros comerciales “van a tener que ser celosos custodios de que sus socios traten de trasladar este esfuerzo que se está haciendo de renuncia fiscal a los precios, porque si no, nos pegamos un tiro en la pata”, opinó Olivera, y apuntó que si eso pasa “podrán ganar un peso más durante algún tiempo, pero después la gente va a elegir por un tema de precio”. “El hecho es salvar la economía local y los trabajadores del sector. Veremos si esto es suficiente o si tenemos que volver a conversar por algún otro tema, creo que por ahora es favorable el panorama”, reflexionó.
Olivera también señaló que las intendencias no tienen “potestades para salir a hacer de policía de los precios”, por lo que se apelará a “que la gente en uso de la conciencia ayude”. Por último, recordó que si bien el proceso de apertura de las fronteras ya comenzó, las restricciones sanitarias se mantienen y “ofician de filtro para el tránsito vecinal”, por lo que coincidió con Lima y Delgado en que “hoy no estamos ante el mayor de los problemas, estamos ante un problema atenuado”. “Cuando ese momento llegue, veremos si este modelo soporta la prueba”, añadió.
En tanto, los comerciantes comenzaron a analizar el “impacto” de las medidas anunciadas por el gobierno, que en principio no van en la misma línea de lo que se había propuesto, según adelantó a la diaria Juan Martín Della Corte, del Centro Comercial e Industrial de Paysandú.