Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En Uruguay, como en muchos otros países, un caso como el de Alejandro Astesiano es inusitado. Lo sería por el solo hecho de que esté preso, y sea investigado por integrar una organización criminal, alguien que pasó años muy cerca del presidente de la República, en la vida pública y en la privada, pero hay dos factores más que complican especialmente la situación.
Por un lado, es evidente que Astesiano se valía de sus posibilidades de acceso a recursos humanos, tecnológicos y materiales del Estado para ofrecer y realizar actividades delictivas muy diversas. Por otro, aparecen indicios de que estas actividades se entrecruzaban con las que tenía a su cargo oficialmente, que a su vez excedían las vinculadas con la custodia personal de Luis Lacalle Pou.
Es lógico que todo esto sea difícil de manejar para actores directamente involucrados como Fiscalía y Presidencia, y también para otros que deben ocuparse del tema, como los dirigentes partidarios y los medios de comunicación. No es bueno apresurarse a plantear conclusiones, pero resulta obvio que los alcances y consecuencias de este asunto pueden ser extremadamente delicados, y algunas manifestaciones públicas se están apartando de la prudencia deseable para que el proceso se desarrolle en la mejor forma posible.
La fiscal Gabriela Fossati tenía otros planes. Cuando se le asignó la causa, esperaba un pronto traslado de Flagrancia a Delitos Económicos, que se ha visto postergado por la entidad de esta investigación, y ha sido excesivamente locuaz en sus manifestaciones públicas, quejándose de las consecuencias inevitables que tiene ocuparse de una cuestión potencialmente explosiva, y de una presunta falta de apoyo a su trabajo por parte del fiscal de Corte, Juan Gómez.
En los últimos días hizo saber que aspiraba a ser sustituida en el caso, y Gómez tuvo que pedirle que lo solicitara formalmente, pero no lo hizo, por la sencilla razón de que esto, además de resultar indeseable porque le exigiría a otra persona recomenzar el estudio del ya voluminoso expediente, no era viable desde el punto de vista legal.
Además, no caben dudas de que un cambio de fiscal podría ser interpretado como una maniobra con intención política por parte de Gómez, a quien varios dirigentes oficialistas insisten en señalar, agresivamente, como un operador al servicio de los intereses del Frente Amplio.
Lacalle Pou también consideró necesario decirles ayer a periodistas que en su opinión Fossati debía seguir al frente de la investigación. Quizá no quería dar la impresión de que estaba desconforme o nervioso, ante la difusión de evidencias que ubican a la cuestión de los documentos para ciudadanos rusos como una parte pequeña y al parecer menor de las fechorías de Astesiano. Pero no tendría que haber dicho nada sobre decisiones que no le corresponden, en una causa que lo toca de cerca y en la que razonablemente debería ser citado a declarar.
Aún menos pertinente fue que deslizara que “se imagina” o “quiere creer” que Fossati hace su trabajo “a conciencia, como la mayoría de los fiscales”, dando a entender que puede no ser así en su caso y en el de otros. Se pareció mucho a una presión.
Hasta mañana.