Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La situación en Bolivia indica que la polarización política predomina sobre el respeto a la institucionalidad, y esto es una pésima noticia para cualquier país.
El foco del conflicto está una vez más al sudeste, en la rica provincia de Santa Cruz, donde se concentran la agroindustria exportadora y también, desde hace muchos años, la oposición (con un notorio sesgo clasista y racista) a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y del actual presidente Luis Arce.
El actual gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho Vaca, tuvo un papel preponderante en las movilizaciones por la renuncia de Morales a la presidencia en 2019, y en la instalación del gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez.
El liderazgo de Camacho no se extiende mucho más allá de Santa Cruz. Antes de su elección como gobernador el año pasado, se postuló a la presidencia en 2020 pero logró un magro 14% de los votos, muy poco más de la cuarta parte de los obtenidos por Arce. Desde entonces retomó un perfil opositor muy belicoso, y este año impulsó un paro de actividades en su departamento que duró más de un mes e implicó grandes pérdidas económicas para Bolivia.
El motivo del paro fue la decisión de postergar un censo nacional, que el gobierno de Arce fundamentó por problemas logísticas, y la razón de fondo fue que en Santa Cruz esperaban que el crecimiento de su población, debido a migración interna por motivos económicos, determinara aumentos de la asignación presupuestal y de las bancas parlamentarias que le corresponden al departamento, antes de las elecciones previstas para 2025.
Aquel enfrentamiento terminó a fines de noviembre, pero un mes después se instaló una nueva crisis. La fiscalía boliviana tiene abiertas investigaciones con los nombres Golpe de Estado I y Golpe de Estado II. La segunda se centra en el período en el que Áñez ocupó la presidencia, y la primera en los acontecimientos que condujeron a que la ocupara. Por esta fue detenido Camacho el domingo.
Arce, a quien parte del MAS le reprocha ser demasiado tolerante con la oposición, fue claro cuando asumió: dijo que no venía por una revancha y que se proponía recomponer una convivencia política respetuosa, pero también señaló que en su país hubo un golpe de Estado y afirmó que la Justicia debía investigar responsabilidades.
Un problema central en esta coyuntura boliviana es que los aliados y seguidores de Camacho no centran sus protestas en una negación de las responsabilidades que le correspondieron al actual gobernador en los acontecimientos de 2019, en la reivindicación de la resistencia a un Morales empecinado en no dejar la presidencia o en cuestionamientos a la fiscalía, sino que se limitan a proclamar que no tolerarán la acción estatal porque tienen poder para enfrentarla y revertirla.
Al comenzar un nuevo paro con cierre de carreteras, el dirigente Rómulo Calvo, muy cercano a Camacho, reclamó la liberación de este y sostuvo que Arce debe dar marcha atrás porque “sin Santa Cruz no puede gobernar”, advirtiéndole que “ha jugado con fuego” y que los cruceños están dispuestos a iniciar un incendio para “hacerse respetar”. Es retórica de guerra, no de política.
Hasta el lunes.