Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Pedro Castillo no llegó a cumplir 17 meses en la presidencia de Perú. Ayer, cuando enfrentaba el tercer intento parlamentario de destituirlo, quiso dar un golpe de Estado pero quedó en el mayor aislamiento, el Congreso decidió su cese por amplia mayoría y asumió el cargo Dina Boluarte, quien ocupaba la vicepresidencia y había condenado con rapidez el intento de disolver el Parlamento.
El mensaje con el que Castillo anunció su voluntad de quiebre institucional fue a todas luces inaceptable. Alegó que la oposición se le opuso duramente desde el comienzo de su mandato y que él quiso buscar acuerdos pero no tuvo eco. Sostuvo también que la mayoría del Parlamento representa intereses de grandes monopolios y oligopolios, y que él quería gobernar para la población más vulnerable pero no lo dejaban.
Afirmó asimismo que las acusaciones con las que se buscaba su destitución provenían “muchas veces” de “la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con absoluto libertinaje”.
Así quiso justificar que, “en atención al reclamo ciudadano a lo largo y lo ancho del país”, había decidido disolver el Congreso, declarar “en reorganización el sistema de justicia”, implantar el toque de queda y ejercer mediante decretos un “gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de derecho y la democracia”.
Según el vago plan que anunció, esto iba a implicar nuevas elecciones parlamentarias, “en el más breve plazo” pero sin anuncio de fecha y no se sabía con qué garantías, para instalar un Congreso “con facultades constituyentes”.
Perú presenta desde hace años una situación social y política complicadísima. En un marco de grandes desigualdades, la pobreza, la precariedad laboral y la carencia de servicios básicos afectan a vastos sectores de la población. Boluarte es la novena persona que ocupa la presidencia en lo que va de este siglo, y el sistema partidario está tan fragmentado como involucrado en múltiples escándalos de corrupción.
Para las elecciones del año pasado se presentaron 23 candidaturas a la presidencia, cinco de ellas inhabilitadas antes de los comicios, y pasaron a balotaje Castillo y la derechista Keiko Fujimori, que sumaron en primera vuelta poco más de la cuarta parte de los votos emitidos. Al Parlamento unicameral entraron representantes de diez partidos, y los pertenecientes al de Castillo fueron apenas 37 en un total de 130.
A esto se suma que el Congreso puede destituir al presidente sin declararlo culpable de delitos, mediante un juicio de valor sobre su “permanente incapacidad moral” y sin que esté definido en qué consiste tal incapacidad, ni con qué criterio deben evaluar los legisladores si su naturaleza es permanente o transitoria.
La combinación de todos estos factores es explosiva y ha sumido a Perú en un estado de gran fragilidad institucional. Boluarte pidió ayer “una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional”, pero a la vez prometió “extirpar de raíz” la corrupción, y está claro que no cuenta con respaldo propio para enfrentar a los involucrados. No prosperó el intento de golpe de Estado, pero el futuro dista de ser prometedor.
Hasta mañana.