Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, habló con la diaria sobre temas de gran importancia como el proyecto Neptuno y la eventual explotación de hidrocarburos (ver de la página 13 a la 15), pero aquí nos detendremos en un concepto general que planteó acerca de su misión.
Dijo Peña que su “tarea ingrata” es “gestionar las tensiones y lograr que la política económica se desarrolle con la máxima sostenibilidad posible”. Puso ejemplos de este enfoque al hablar de la necesidad de “controlar los excesos de fertilización, que cambian la llegada de fósforo y nitrógeno a los cursos de agua y generan las floraciones”, o de que Uruguay debe “mantener la calidad de sus aguas en buena o muy buena, junto con un desarrollo económico productivo-industrial”.
Puede sonar sensato, pero es una visión un tanto desfasada en relación con tendencias contemporáneas. Esto no es responsabilidad exclusiva de Peña, sino que expresa un punto de vista extendido en la sociedad y en el sistema de partidos, que determina en gran medida el nivel de desarrollo de las instituciones y políticas ambientales uruguayas.
Mucha gente piensa que el Ministerio de Ambiente debe buscar una convivencia “razonable” entre el desarrollo económico y la defensa de los recursos naturales, a menudo fastidiando a los productores y a otros ministerios (como el de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Industria, Energía y Minería, y, por supuesto, el de Economía y Finanzas). Es visto, así, como un mal necesario, salvo por quienes actúan como si los riesgos ambientales no existieran o importaran mucho menos que sus negocios.
En el mundo de hoy, y especialmente en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las nuevas tendencias van más allá de esa noción de “equilibrio”, y también más allá de la necesidad de incorporar los costos ambientales a la contabilidad empresarial y nacional, como se hace al asentar la recepción de un préstamo por el que luego habrá que pagar con intereses.
Se prefiere hablar de “transición ecológica” o “transición verde”, para señalar la voluntad de avanzar hacia otro modelo económico de desarrollo, que evite la sobreexplotación de recursos, respete la biodiversidad y no se base en el uso de combustibles fósiles, al tiempo que se mantienen o aumentan los actuales niveles de bienestar. En España y Francia ya hay ministerios de Transición Ecológica y no de Ambiente, y la cuestión es más de contenidos que de nombre.
Sobre el nuevo modelo persisten importantes incertidumbres, entre otras cosas porque en la actualidad los países a los que se adjudican mejores índices de desarrollo no son necesariamente los que tienen mejores notas en materia de sostenibilidad, pero en todo caso esto sólo subraya la urgencia de cambiar no sólo tecnologías o fuentes energéticas, sino mucho más, desde formas de urbanización hasta nociones sobre lo que es una buena vida.
La tarea del Ministerio de Salud Pública no es sólo ocuparse de que las personas con patologías reciban atención médica, sino también promover modos de vida más saludables. Con el de Ambiente pasa algo similar, y tendremos que irlo asumiendo, antes de que sea tarde y haya que encarar tareas mucho más ingratas.
Hasta mañana.