Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El gobierno de Francia impulsa una reforma jubilatoria que incluye el aumento de la edad mínima de retiro, de los actuales 62 años de edad a 64. Varios de los mayores sindicatos franceses decidieron realizar este jueves un paro con movilizaciones contra ese proyecto, rechazado en encuestas por 68% de las personas consultadas, y con una oposición aún mayor, de 71%, a la idea de trabajar más años.
Cabe imaginar distintos tipos de reacciones a esta noticia en Uruguay. Habrá quienes la vean como una confirmación de que “el mundo” va en la misma dirección que las propuestas planteadas por el Poder Ejecutivo para nuestro sistema de seguridad social, y también quienes se queden con los datos del rechazo y la movilización sindical. Ambas posiciones implican poco más que reafirmar la opinión previa, eligiendo un punto de apoyo conveniente para ello.
Con un poco más de disposición al aprendizaje, deberíamos tener en cuenta que hay algunos aspectos en común, pero sobre todo diferencias relevantes. El sistema de seguridad social francés otorga prestaciones significativamente mejores que las del uruguayo en varias áreas, y en él tiene un peso mucho más importante el componente de reparto, con la premisa de que es necesaria y justa una redistribución en este terreno, para que quienes tienen mayor capacidad de aporte contribuyan, junto con el Estado, a solventar el bienestar de las personas con menos recursos.
Todo esto, por supuesto, en el marco de una sociedad más rica, en la que de todos modos la demografía tiende al envejecimiento de la población, y el gobierno (que no es, por cierto, de izquierda) sostiene que los altos costos del sistema requieren ajustes, pero con la intención declarada de “asegurar la supervivencia” del sistema de reparto y evitar el pasaje a uno de capitalización individual.
También puede haber reacciones uruguayas distintas al ver que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala la existencia de graves tendencias mundiales a la caída del salario real promedio y de la calidad del empleo, acompañadas por un aumento de la desocupación y de la pobreza, en un contexto general de bajo crecimiento económico.
En defensa de sus convicciones previas, algunas personas esgrimirán estos datos como justificación de los problemas sociales en nuestro país, sosteniendo que no podemos escapar de las tendencias predominantes en el planeta. Otras destacarán que la OIT expresó su decisión de impulsar “un nuevo contrato social a escala mundial”, con acuerdos internacionales para “fomentar el trabajo decente y la justicia social”.
En todo caso, es importante registrar que el organismo internacional identifica como un riesgo muy significativo que “las economías dominantes” apliquen políticas centradas en sus problemas e intereses, sin preocuparse porque esas políticas agraven la situación de sociedades más vulnerables.
Dentro de cada país, y también en Uruguay, también es muy indeseable que los sectores dominantes privilegien el interés propio, en perjuicio del resto de la población. Pero se puede decir que esto, más que un riesgo, es una causa principal de los problemas actuales.
Hasta mañana.