Varios de los mayores sindicatos de Francia convocaron para el jueves un paro con movilizaciones para manifestar su rechazo a la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno de Emmanuel Macron. Está previsto que ese día pare el sector de los trabajadores estatales, los ferrocarriles de todo el país, el transporte de la región de París, la educación, la Policía y el sector energético, entre otros. Las movilizaciones cuentan además con el apoyo de los partidos de izquierda franceses.
La reforma aumenta de 62 a 64 años la edad mínima para retirarse con una jubilación parcial para 2030. Por otra parte, adelanta de 2035 a 2027 la exigencia de contar con 43 años de aportes, en lugar de 42, para poder contar con la jubilación máxima. El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, aclaró que quienes cuenten con esa cantidad de años de aportes podrán jubilarse a los 60 años con su jubilación completa.
A su vez, la primera ministra, Élisabeth Borne, se mostró abierta a que la reforma sea modificada durante el trámite en el Parlamento. “Habrá un debate parlamentario, que es un marco en el que el proyecto podrá variar. Buscamos compromisos y acuerdos”, dijo a France Inter, según citó Efe.
Consultada sobre la jornada de movilizaciones prevista para el jueves, Borne dijo que entiende que la reforma causa “inquietud” entre los franceses, pero respondió que “un sistema deficitario también genera inquietud”. La primera ministra reiteró el argumento del gobierno de que la reforma busca “asegurar la supervivencia” del “sistema de reparto” y que sin reforma la situación se dirigiría a “una reducción de las jubilaciones o una suba de impuestos, o bien al final del sistema de reparto y a uno de capitalización”.
Según informó Efe, Francia es uno de los países de Europa con menor tasa de actividad entre las personas de 55 a 64 años: 56%. “Nos perdemos las competencias de estos mayores y de su capacidad de generar riqueza colectiva”, dijo la primera ministra y manifestó que se establecerán incentivos para que las empresas aumenten la contratación de personas de esa edad, aunque dijo que es “complicado” sancionar a quienes no lo hagan.
Borne insistió también en que la reforma aportará fondos para aumentar las jubilaciones y pensiones más bajas, de tal forma que beneficiará “al 30% de los franceses con ingresos más modestos”. Agregó: “Mi objetivo es convencer a los franceses de que esta reforma es justa y ofrece mejoras sociales”.
Una amplia mayoría de los franceses no está convencida de que la reforma sea conveniente. Según un sondeo de Ifop publicado el domingo por el Journal du Dimanche, 68% de la población se opone al proyecto de reforma jubilatoria frente a 32% que la apoya.
El rechazo crece a 71% cuando se consulta en particular sobre el aumento de la edad de retiro de 62 a 64 años. También aumenta el rechazo entre los consultados menores de 35 años y en los sectores más pobres.
Frédéric Dabi, director general de opinión de Ifop, dijo al periódico que hay una “disonancia entre el fuerte rechazo a la reforma y un deseo más débil de movilizarse” en su contra. Señala que 68% de los consultados cree que la reforma se va a aprobar debido a que el gobierno cuenta con mayorías parlamentarias. El apoyo del partido de derecha Los Republicanos le garantiza al oficialismo la mayoría en las dos cámaras.
Sólo 32% de los encuestados confía en que las movilizaciones pueden frenar el proyecto de reforma. “La opinión pública ha asumido que el gobierno no dará marcha atrás y que la acción colectiva ya no funciona. Tiene el sentimiento de que [el presidente Émmanuel] Macron se ha enfundado el traje de reformador y no va a ceder”, dijo Dabi.
Otra encuesta, de la consultora Elabe, citada por France 24, concluye que 58% de los franceses considera que la reforma es injusta, más de 60% cree que no se debe reformar las jubilaciones en un momento como este, en el que aumentó el costo de vida, y sólo 18% apoya la medida.
Para la ultraderechista Agrupación Nacional también es “injusta” la reforma. Lejos de aceptar un aumento en la edad de jubilación, proponen bajarla de 62 a 60 años, y lo mismo reclama el Partido Socialista.