Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En Uruguay se agravaron desde 2015 los problemas de empleo, que tuvieron un empeoramiento muy pronunciado en 2020 con el comienzo del período de emergencia sanitaria. A fines de 2021 esas grandes variaciones se habían revertido en promedio (no en todos los sectores de actividad), pero la mejoría no se sostuvo, y en 2022 el panorama fue de estancamiento.
Los datos antedichos son globales. Por tramos de edad muestran, desde hace muchos años, problemas notoriamente mayores para la población más joven, que cuando trabaja, en términos generales, es peor remunerada y está en condiciones laborales más precarias.
Esto último nos lleva a una consideración más general. En la política económica oficialista predomina claramente la idea de que en el mercado laboral uruguayo, por dinámicas de oferta y demanda, las tendencias a la caída del empleo y el ascenso del desempleo en los últimos años de gobierno frenteamplista tuvieron que ver con los niveles de remuneración y, más específicamente, con que los convenios laborales establecían condiciones demasiado rígidas, encareciendo la contratación de personal y determinando que la demanda de trabajo cayera.
Desde esta posición se planteó desde la campaña electoral de 2019 que, a la inversa, una mayor “flexibilización” en las normas de los Consejos de Salarios llevaría a que el empleo aumentara, aunque fuera con remuneraciones menores, y se señaló que trabajar con un salario bajo es preferible a no trabajar.
Los efectos sociales de la emergencia sanitaria hicieron políticamente inviable que se avanzara en esa flexibilización, y en el mercado laboral inciden muchos otros factores nacionales e internacionales, pero el hecho es que en lo que va de este período de gobierno la caída salarial no trajo consigo una mejoría de los problemas de empleo.
En lo que tiene que ver con la población joven, este gobierno nacional ha insistido con políticas de subsidio a su contratación, que ya se habían aplicado en los períodos anteriores. Las autoridades hacen un balance positivo de los efectos de la ley de promoción del empleo aprobada en 2021, pero en grandes números los problemas persisten y son de gran entidad.
En términos más amplios, el programa Oportunidad Laboral, más conocido como Jornales Solidarios, fue concebido a mediados de 2021 como un paliativo ante el desempleo, mediante contrataciones estatales transitorias, administradas por gobiernos departamentales y con remuneraciones relativamente bajas. En otras circunstancias, gran parte del oficialismo habría dicho que era una política populista, clientelista y dañina para el emprendedurismo, pero en plena emergencia sanitaria no había ambiente para eso.
La escasez de otras alternativas no sólo ha determinado sucesivas extensiones en el tiempo de ese programa, sino también la organización y movilización de personas que fueron contratadas, en reclamo de la continuidad de sus trabajos, que ayer llevó al inicio de una huelga de hambre frente a la Torre Ejecutiva. Aunque también se podría decir que la medida de lucha extrema se adopta, precisamente, para no volver a la situación de hambre que estas changas habían aminorado.
Hasta mañana.