La ley de promoción del empleo tuvo en 2022 su primer año completo de vigencia y el director nacional de Empleo, Daniel Pérez, evaluó como “positivos” sus resultados: hubo algo más de 4.000 contratos laborales registrados al amparo de la normativa, que brinda distintos niveles de subsidios a las empresas que contraten a trabajadores jóvenes, mayores de 45 años, con discapacidad o de poblaciones vulnerables. El objetivo para este año, según declaró a la diaria, será ampliar la difusión del esquema de beneficios y se aspira a alcanzar la cifra de 6.000 contratos laborales nuevos.

En setiembre de 2021 se aprobó la ley de promoción del empleo, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El antecedente era la ley de empleo juvenil de 2013, ya que ambas iniciativas promueven descuentos en los aportes patronales para las empresas que contraten a la población objetivo. Para dimensionar los resultados alcanzados en 2022, Pérez indicó que 2019 había sido el año de mayor alcance de la ley de empleo juvenil y se habían registrado algo más de 3.000 contratos.

El jerarca del MTSS explicó que con la nueva ley se procuró ampliar el alcance y así se incluyó a nuevos grupos, además de que se promovieron otros programas bajo la misma lógica de promoción del empleo, por ejemplo para personas de hogares por debajo de la línea de pobreza, población afro, inmigrantes, trans y víctimas de violencia de género.

“Cualquiera sea el programa, cuando se contrata a una trabajadora mujer el subsidio es mayor. En los casos de personas de grupos de población vulnerable, el subsidio puede llegar hasta 80% [del sueldo] para mujeres y 60% para hombres, con un tope máximo de hasta un año y de dos salarios mínimos, unos 30.000 pesos mensuales”, detalló.

El nivel del subsidio al que accede dependerá del programa en específico, y el monto asignado se descuenta de las obligaciones de la empresa con el Banco de Previsión Social por los aportes patronales.

Tomando un ejemplo que mencionó Pérez, si una empresa contrata a una mujer de un hogar por debajo de la línea de pobreza y le paga 30.000 pesos mensuales, tendrá un subsidio en sus aportes de 18.000 pesos, que descontará de lo que debe pagar por toda la plantilla de empleados.

Sobre los resultados, el director nacional de Empleo señaló que “la inmensa mayoría” de las contrataciones fueron “de personas menores de 25 años y dos de cada tres [nuevos contratos] fueron mujeres”. Desde el lado de las empresas, destacó que mientras con la ley de empleo juvenil “había una concentración muy fuerte, de cerca de 40% [del total de contratados] en empresas grandes, ahora se logró una mayor diversificación y se amplió la cantidad” de firmas que hicieron uso del esquema de beneficios.

Objetivos para el nuevo año

Pérez expresó que “un desafío para este año es difundir más” los programas y algunos convenios en específico que se firmaron en 2022, que apuntan a promover el acceso a empleo de quienes pasaron por el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y por programas de la Junta Nacional de Drogas.

En agregado, planteó como una aspiración alcanzar los 6.000 nuevos contratos registrados bajo la normativa para 2023 y sostuvo que se buscará elevar el alcance para personas de hogares por debajo de la línea de pobreza.

“Es una herramienta importante, aunque no suficiente, porque no resuelve el problema del desempleo en ciertos grupos poblaciones. En la medida que logremos que las empresas conozcan más acerca del subsidio, mayor impacto va a tener, porque sabemos que es una política bien focalizada”, concluyó el director nacional de Empleo.