Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Cabildo Abierto (CA) sigue tensando sus relaciones con el resto del oficialismo y pone un creciente énfasis en proyectos propios que sus socios no han querido aprobar. En este marco, está cobrando especial relevancia la iniciativa para “reestructurar” las deudas de personas físicas.
El proyecto, que sus socios políticos aprobaron en comisión del Senado pero que luego frenaron en el plenario de esa cámara, y que ayer fue muy cuestionado por la ministra Azucena Arbeleche, se refiere a un problema real y de indudable repercusión popular, pero esto no significa que la solución propuesta sea la más acertada.
Gran cantidad de personas figuran en los registros del Clearing de Informes, aunque no todas ellas sean actualmente deudoras, porque “pasar al Clearing” es mucho más sencillo y rápido que salir de él. De todos modos, pocas dudas caben de que en Uruguay, desde hace décadas, operan varios factores que crean situaciones indeseables y dañinas en el mercado crediticio.
Buena parte de la población “bicicletea” mes a mes y arrastra endeudamientos que le resulta muy difícil o imposible saldar. A veces esto se debe a hábitos de consumo no esencial por encima de lo que sus ingresos permiten, pero también incide sin duda la dificultad para cubrir necesidades básicas, agravada en los últimos años por el aumento de la pobreza.
En todo caso, las reglas de juego establecidas contribuyen a que la bola de nieve crezca. El acceso a medios de pago diferido es fácil, entre otras cosas porque quienes los conceden saben que gran parte de quienes deben terminan pagando. Cuando a alguien se le complica hacerlo, lo que ocurre no es que se queda sin crédito, sino que va derivando hacia ofertas cada vez más costosas, que lo pueden llevar incluso al margen de los mercados legales.
No es sencillo diseñar soluciones. Entre otras cosas, hay que evitar que quienes conceden créditos reaccionen al cambio de las reglas de juego con restricciones severas de su oferta y establecer con precisión qué deudores “merecen” una intervención estatal salvadora.
Los prestamistas, por supuesto, hacen lobby, pero CA no se caracteriza por contar en sus filas con economistas destacados, y algunos de sus referentes en el área defienden posiciones más ideológicas que técnicas. Esto no descalifica de antemano sus propuestas, pero hace aconsejable revisarlas con mucho cuidado.
Arbeleche, a su vez, no es sólo “una técnica”, ya que está sin duda alineada con una visión ideológica de la sociedad, pero entre sus capacidades no se destaca la de maniobrar políticamente. Cabe la posibilidad de que le hayan asignado la tarea de arremeter técnicamente contra el proyecto de CA, pero parece más probable que no haya previsto las repercusiones de sus dichos en la relación entre el presidente Luis Lacalle Pou y el senador Guido Manini Ríos.
Sea como fuere, el problema debería ser analizado con especial atención, para que la eventual legislación en esta materia no sea una forma de tarjeteo en el terreno de la política: la búsqueda imprudente de un beneficio inmediato que implique, en el mediano y el largo plazo, riesgos graves y la posibilidad de que se incrementen hasta quedar fuera de control.
Hasta mañana.