Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Se le critica al Poder Ejecutivo que su proyecto sobre reforma de la seguridad social sólo plantea una reforma jubilatoria, y vale la pena considerar qué significa este cuestionamiento.
El comienzo del desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados durante el gobierno anterior se planteó, en línea con definiciones internacionales, como la construcción de un “cuarto pilar” para la protección y el bienestar de la población, junto con los sistemas de salud, educación y seguridad social y en interacción con ellos.
Se trata, a la vez, de una política de género, porque el trabajo no remunerado de cuidados recae, históricamente y en muy alta proporción, sobre las mujeres. La intervención estatal en este terreno implica una importante reducción de desigualdades y una mayor emancipación para las cuidadoras.
De esto deriva que, para encarar una auténtica reforma de la seguridad social, habría que tener muy en cuenta las cuestiones de cuidados y de género en las que la sociedad uruguaya mantiene problemas relevantes y contribuir a su solución, o por lo menos evitar que los cambios proyectados agraven esos problemas.
En este sentido, un análisis que publicamos hoy, realizado por Sol Scavino con la colaboración de Rosario Aguirre, señala que las propuestas del Ejecutivo son escasas e incluso contraproducentes en algunas áreas. La conclusión es que el proyecto “plantea un escenario complejo para las trayectorias laborales y la autonomía de las mujeres”, y también “para la organización del cuidado de una manera que promueva mayor igualdad social y una mejor distribución de todo el trabajo”, tanto “el que se vuelca al mercado laboral como “el que se realiza de manera no remunerada en la vida cotidiana con el fin de sostener la vida”.
Esto sucede porque el eje central de la iniciativa es, evidentemente, disminuir un problema fiscal, mediante una reducción de los desembolsos estatales. El único aumento de las contribuciones al sistema sería el de la población trabajadora, que pasaría más años realizando aportes y menos años cobrando jubilaciones y pensiones.
Por esto se dice que se trata apenas de una reforma jubilatoria, y hay que agregar que incluso en lo referido a las prestaciones de retiro el proyecto implica grandes incertidumbres.
El equipo de Presidencia que redactó la iniciativa, el Partido Nacional y el ministro Pablo Mieres insisten en que esas prestaciones mejorarían o se mantendrían en sus niveles actuales si el proyecto se convierte en ley, pero en Cabildo Abierto y el Partido Colorado desconfían de que vaya a ser así, y temen que la perspectiva real sea, como afirman los especialistas del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y del Centro de Investigaciones Económicas, la reducción de jubilaciones y pensiones para una proporción considerable de la población.
Desde el Frente Amplio se plantea que es crucial despejar las dudas en esta materia, y que sería conveniente que el Parlamento recurriese a un asesoramiento independiente que aclare si alguien está calculando mal o si, como parece probable, lo que ocurre es que, con intención o sin ella, se están usando criterios distintos para calcular.
Hasta mañana.