Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El debate dentro del oficialismo sobre el proyecto de reforma jubilatoria se ha desplazado de lo financiero a lo político-electoral. Cabildo Abierto (CA) logró que el presidente Luis Lacalle Pou aceptara nuevos cambios en el texto presentado por el Poder Ejecutivo para mejorar relativamente futuras prestaciones de un modo que antes habían declarado inviable el equipo económico y el abogado Rodolfo Saldain, principal redactor del proyecto.
Los partidos Independiente (PI) y Colorado (PC) se habían alineado con el rechazo inicial de los reclamos cabildantes y quedaron mal parados, como opositores a “mejoras” cuya viabilidad ahora admite Presidencia. El PI no puede hacer mucho más que quejarse, pero los votos del PC son indispensables para que la iniciativa se apruebe, y esto le da espacio político para plantear ahora sus propias demandas, compitiendo con CA por una conveniente imagen benefactora.
La cuestión es que esta dinámica, del modo en que está planteada, sólo puede acotar el objetivo del proyecto, con el que todo el oficialismo sigue comprometido: disminuir la tendencia del sistema al déficit por la vía de reducir su desembolso. Recordemos algunos criterios básicos de racionalidad.
Una reforma puede mantener el monto total de los ingresos, aumentarlos (con tasas mayores de aporte, nuevos tributos o reducción de las actuales exoneraciones patronales) o disminuirlos. En teoría, esto último no está en la agenda, debido a los problemas de sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo, pero sin embargo es lo que hizo el Ejecutivo, en escasa medida, mediante el “alivio” del impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS) para quienes cobran jubilaciones más altas.
Por otra parte, en cualquiera de las hipótesis antedichas las proporciones de cada fuente de ingresos pueden mantenerse como están o variar, con mayores o menores aportes de los trabajadores, los empleadores y el Estado.
Con los egresos pasa lo mismo: su monto total puede seguir igual, disminuir o aumentar; y a su vez su reparto puede mantenerse en las actuales proporciones o modificarse, con mayores o menores prestaciones para distintos sectores de actividad o categorías de personas.
El criterio del proyecto del Poder Ejecutivo es, básicamente, no cambiar el monto ni la estructura de los ingresos; disminuir el total de egresos y modificar un poco su reparto, con algunas mejoras que no alteren el resultado global de su disminución. Esto último tiene que ver con el aumento de la edad mínima de retiro, que implica más año de aportes y menos de cobros para todas las personas, incluyendo a las que pasarían a percibir, una vez que se jubilen, un monto mensual algo mayor que el que les asigna el sistema actual.
Las “mejoras” que maneja el PC, al igual que las logradas por CA, no aumentarían los ingresos del sistema, sino que reducirían menos sus egresos (e incluso podrían disminuir los ingresos, mediante nuevas reducciones del IASS). Si fueran aceptadas, el proyecto sería “menos peor” para los futuros jubilados, pero también “menos mejor” en lo referido a equilibrar las cuentas, que era la meta básica y prioritaria aceptada por ambos partidos antes de este año preelectoral.
Hasta mañana.