Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Antes de las elecciones de 2019, los partidos que hoy gobiernan enfatizaron, entre sus muchas críticas al gobierno del Frente Amplio, las referidas a la seguridad pública, y aseguraron que sabían bien qué hacer para cambiar la situación. Apenas asumió el presidente Luis Lacalle Pou, y tal como lo había prometido en la campaña electoral, él y el flamante ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se reunieron con la nueva plana mayor de la Policía, para transmitirles orientaciones y adelantarles un respaldo que, según dijeron, era parte crucial de las soluciones que impulsarían.
Se revirtieron varias políticas impulsadas en los períodos anteriores y se puso un fuerte énfasis en el patrullaje, acompañado luego, mediante la ley de urgente consideración, de normas tendientes a reforzar simbólicamente la autoridad policial y penalizar con mayor severidad la resistencia a ella.
Muy poco después, la emergencia sanitaria redujo sustancialmente la circulación de personas en espacios públicos, que eran el escenario privilegiado de la nueva línea de trabajo, y fue difícil evaluarla, pero con el paso del tiempo fueron quedando claras algunas limitaciones que se podían prever desde el inicio.
Aun sin entrar en las discusiones sobre el manejo de las estadísticas y los procedimientos para el registro de las denuncias, que son la base de las estadísticas, aumentar el despliegue policial en espacios públicos no es, por elemental lógica, útil para prevenir o reprimir dos problemas muy relevantes: el de enfrentamientos y asesinatos entre grupos delictivos y el de la violencia doméstica.
Después de más de tres años en los que el discurso del oficialismo despreció los planteamientos opositores sobre seguridad y convivencia, alegando que el Frente Amplio (FA) no tenía nada que aportar porque había fracasado en este terreno, hace unos meses el ministro Luis Alberto Heber convocó a una mesa de diálogo interpartidaria, con una agenda centrada en lineamientos de prevención ya manejados durante los gobiernos frenteamplistas.
La intención declarada de Heber fue acordar bases para el desarrollo de políticas de Estado, aunque su iniciativa también se puede interpretar como un intento de aminorar el descontento con la seguridad pública y la desaprobación a su desempeño personal que muestran las encuestas. En todo caso, es un poco tarde para cualquiera de las dos cosas.
El clima político está cada vez más marcado por las elecciones del año que viene, y parece muy difícil que haya ambiente para transmitirle a la opinión pública la idea de que en este terreno todos están de acuerdo sobre lo que hay que hacer a partir de 2025, de modo que tanto dará quién gane.
El relato desde el Ministerio del Interior es que se ha logrado un “acuerdo preliminar” entre los partidos, pero en realidad el FA ha señalado que considera vagas e insuficientes las propuestas del oficialismo. Dentro de este, a su vez, Cabildo Abierto enfatiza que tiene sus propias ideas sobre el modo de encarar la tarea policial, que no han sido tenidas en cuenta desde 2020 y tampoco durante este diálogo. El presunto acuerdo brilla por su ausencia.
Hasta el lunes.