Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El senador frenteamplista Eduardo Brenta señaló ayer que opera en Uruguay, como en otros países de la región, una “red colombiana” de préstamos ilegales, que cobra tasas de usura y presiona con amenazas graves a quienes no le pagan. Es oportuno considerar este dato en relación con el proyecto de reforma constitucional sobre reestructura de deudas personales que Cabildo Abierto (CA) se propone llevar a plebiscito mediante la recolección de firmas.
La red delictiva denunciada por Brenta, que según dijo actúa sobre todo en el interior del país, ofrece préstamos desde 5.000 hasta 40.000 pesos, que se aprueban “en menos de 24 horas” aunque quienes solicitan el dinero estén en el Clearing de Informes, sin más requisito que el de presentar un número de cédula de identidad.
En un análisis superficial, se puede pensar que hay espacio para actividades usurarias de este tipo porque una gran cantidad de personas se han sobreendeudado, figuran en el Clearing y no pueden acceder a créditos legales. En la misma línea de pensamiento, habrá quienes opinen que la iniciativa de CA es una solución, pero si considera la cuestión con más detenimiento y profundidad se puede llegar a la conclusión contraria.
Cuando la gente se endeuda por encima de sus posibilidades de pago, la mayoría suele hacerlo por dos causas, en proporciones variables: la necesidad, por insuficiencia de sus ingresos; y la falta de formación en asuntos financieros, que la lleva a ignorar o subestimar la gravedad del problema en que se mete.
El proyecto cabildante no eliminaría ninguna de estas dos causas, sino que haría otras dos cosas muy distintas. Por un lado, habilitaría que muchas personas se libren de sus deudas actuales con pagos menores que los que tienen comprometidos. Por otro, establecería topes al interés legal, bastante por debajo de los que se cobran en la actualidad.
La experiencia indica que el efecto de la primera medida no sería duradero si se mantuvieran las causas de fondo del sobreendeudamiento (que no parecen cerca de erradicarse). La persistencia de la pobreza y la de carencias formativas determinan que la gente vuelva a pedir dinero prestado o a comprar en cuotas que no puede pagar. Pero hay altas probabilidades de que no se vuelva a la situación actual, sino que se llegue a una peor.
El efecto de fijar un tope bajo a las tasas de interés sería, por motivos obvios, una retracción del crédito legal, especialmente en las condiciones de riesgo que implica prestarles a personas pobres.
Por lo tanto, lo que realmente cabe esperar si se aprueba el proyecto de CA es que los demandantes de crédito, nuevos o reincidentes, se vean empujados hacia el mercado ilegal, al que muy poco le importa cuáles sean los límites establecidos por una ley o una reforma constitucional.
En ese mercado hay extremos como el denunciado ayer por Brenta, pero también abundan los actores que, sin formar parte de ninguna organización delictiva internacional, igual se dedican a la usura y a menudo apelan a amenazas o directamente a la violencia para aumentar sus probabilidades de cobro. Estos quizá firmen por la reforma constitucional planteada por CA, ya que en definitiva resultaría conveniente para sus negocios.
Hasta mañana.