Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, insiste en el intento de instalar un nuevo relato sobre los problemas pendientes de la sociedad uruguaya con el terrorismo de Estado. Cada tanto pone en circulación presuntas novedades sobre datos y documentos que, según su narrativa, son relevantes para que “se conozca toda la verdad”, y afirma que el actual gobierno es el primero que actúa para que toda la ciudadanía pueda acceder a ellos. Luego resulta que no son novedades, ni necesariamente verdades.
El más reciente de estos episodios tiene que ver con archivos de la dictadura que están en el Ministerio de Defensa Nacional y aún no se digitalizaron para su análisis. García atribuyó esto a falta de interés por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), y en especial del “delegado del Frente Amplio” en ese organismo.
Digamos de paso que esta última referencia es un error grave, ya que la INDDHH no está integrada por delegados partidarios, sino por personas a las que la Asamblea General debe seleccionar por su “experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos”, de tal modo que se asegure una “representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección” de tales derechos.
Así lo establece la ley que creó el organismo, aprobada con votos de todos los partidos en 2008, cuando el actual ministro de Defensa era parlamentario. Quizá García no lo recuerde y quizá lo suyo no sea error ni confusión, sino voluntad de tergiversar.
Sea como fuere, resulta que la existencia de los archivos de los que habla el ministro no era ningún secreto, que la INDDHH recibió hace años un informe sobre sus contenidos (del que también dispone García), y que la responsabilidad de digitalizarlos y entregarlos a la INDDHH es del Poder Ejecutivo. De modo que, si bien sería mucho mejor que ya hubieran sido analizados, y algún dato nuevo puede haber en ellos, es poco responsable dar a entender que se trata de documentos de gran importancia, hasta ahora desconocidos y que habían permanecido ocultos.
Está en su último tramo el octavo período de gobierno posterior a la dictadura, y cuando termine van a ser 40 los años transcurridos sin que sepa qué ocurrió con la mayor parte de las personas que el terrorismo de Estado hizo desaparecer.
Varias figuras fundacionales de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ya fallecieron sin las respuestas por las que batallaron. Respuestas en plural, porque no dedicaron décadas a buscar y reclamar sólo por sus muy legítimos intereses directos, sino por verdad y justicia en todos los casos, y entendieron muy bien que no se trataba de deudas pendientes con ellas o con la organización que formaron, sino con la sociedad entera. Tal es el significado profundo de la consigna: todos somos familiares y deudos.
En este marco, hay muchas actitudes que indignan. Entre ellas, por supuesto, la de quienes siempre supieron y aún callan, así como las complicidades que los amparan, pero también exasperan el chicaneo y la pérdida de tiempo.
Hasta el lunes.