Hoy es 8 de octubre. Faltan 19 días para las elecciones nacionales.
Las encuestas muestran una tendencia al descenso de la intención de voto por la reforma constitucional que habilitaría los allanamientos nocturnos. Esa iniciativa fue lanzada a fines del año pasado por casi toda la bancada parlamentaria oficialista; luego pasaron meses con escasa difusión de posiciones. Hace poco que el tema pasó a ser discutido en algunos medios masivos, pero no mucho, y está bastante opacado por las campañas para la elección del próximo gobierno y el plebiscito sobre seguridad social.
Si en algo coinciden quienes defienden el proyecto y quienes se oponen a él, es en que la decisión ciudadana requiere mayores niveles de interés y reflexión. Unos afirman que los allanamientos nocturnos son una herramienta importante y necesaria para la Policía y el sistema judicial, particularmente en lo referido a las bocas de venta de drogas ilegales al por menor; los otros, que esos procedimientos implican riesgos mucho más relevantes que sus ocasionales beneficios. Desde ambos puntos de vista, un resultado adverso por desconocimiento popular de lo que está en juego sería, sin duda, muy lamentable.
En esta edición incluimos un suplemento que trata de aportar a la información y la reflexión. Buscamos información sobre las experiencias en otros países, resumimos los principales argumentos de la discusión en Uruguay, destacando por separado las posiciones de actores judiciales y sindicatos policiales, y explicamos aspectos reglamentarios de los actuales allanamientos diurnos y de los que eventualmente se realizarían de noche.
Con esos elementos sobre la mesa, hay algunas preguntas que cuesta responder en términos de respaldo a la reforma. Las drogas ilegales ingresan masivamente a Uruguay y permanecen acopiadas en depósitos clandestinos hasta que son embarcadas en grandes cargamentos, generando fortunas que se lavan de varias formas. Todo esto sucede cada vez más, con bajos niveles de detección por parte de las autoridades.
Las bocas son una derivación lateral de estos negocios criminales, a menudo como una compensación para personas que participan en niveles bajos de las organizaciones. Mientras el resto de la maquinaria funcione, es impensable que la venta minorista local se interrumpa, y el cierre de una boca es seguido con rapidez por la apertura de otra. Además, las drogas no aparecen al atardecer y desaparecen con el alba, de modo que no se comprende por qué es mejor allanar de noche.
Esos lugares de venta suelen ser también el lugar de residencia de familias, que incluyen a niñas, niños y adolescentes. Hay familias vecinas que pueden sufrir las consecuencias de un tiroteo nocturno, aparte del riesgo aumentado para la Policía. Si se realiza un trabajo adecuado de inteligencia, se puede actuar de día; si se opta por una incursión nocturna, el problema será similar a los que se plantean cuando un Estado alega que sus enemigos usan a la población civil como “escudo humano” y así intenta justificar ataques con “daños colaterales”.
Hasta mañana.