Hoy es 17 de octubre. Faltan 10 días para las elecciones nacionales.
Este período de gobierno llega a su fin con una situación lamentable en el sistema educativo, simbolizada por el paro de 48 horas que se llevó a cabo desde el martes, convocado inicialmente por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), y los cruces de declaraciones entre dirigentes sindicales y autoridades nacionales.
La plataforma planteada por Fenapes no tiene nada de novedoso. Expresa el consabido rechazo sindical a lo que ha hecho la mayoría oficialista de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), integrada ya por varios sustitutos de quienes, como el colorado Robert Silva, se volcaron a la campaña electoral.
Según el vicepresidente de Fenapes, José Olivera, la “transformación educativa” que impulsó la ANEP es “un proyecto ideológico que tiene la perspectiva de prohibir a los hijos de los trabajadores el acceso democrático al conocimiento”, para formar “jóvenes dóciles, sumisos, que no sean capaces de cuestionar el modelo de explotación y exclusión que se promueve” desde el gobierno nacional.
Del otro lado, lo único que parece importar son las acusaciones a los sindicatos de operar con intenciones político-electorales, o –peor aún– de tener “un pacto antidemocrático” con el Frente Amplio, como dijo el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien aún intenta convencer a alguien, en los descuentos, de que al frente de la educación pública está él y no el Consejo Directivo Central de la ANEP.
Del presidente Luis Lacalle Pou para abajo, se insistió con los intentos de descalificación y hostigamiento a los gremios de la educación reiterados durante los últimos años. Sólo faltó que alguien dijera, como la ministra argentina Patricia Bullrich, que las movilizaciones en defensa de la educación buscan “generar una revuelta” para desestabilizar al gobierno nacional, pero el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, dijo que el paro era “terrorismo”.
A esta altura, es obvio que no hay espacio para discutir en forma productiva nada que tenga que ver con perspectivas para la próxima etapa, en la que nadie sabe quiénes serán las nuevas autoridades, cuáles serán sus orientaciones ni si se revertirá o no el recorte de participación del cuerpo docente en los organismos de conducción impuesto, desde 2020, por la ley de urgente consideración.
Las posibilidades de construir confianza y cooperación entre la ANEP y las comunidades educativas han sido destruidas en forma sistemática, y hoy sólo queda un campo de batalla desolado en el que se intercambian agravios. Son las peores condiciones imaginables para cualquier intento de mejorar, y todas las partes involucradas sufren las consecuencias.
Ni siquiera se puede decir que hayan sido años perdidos. Hay un claro retroceso, porque aumentó la polarización y hay tierra arrasada en el espacio donde deberían existir diagnósticos, orientaciones y referentes comunes, respetados por todas las partes más allá de sus discrepancias. La reconstrucción de un ambiente propicio al diálogo y la búsqueda de acuerdos va a ser muy difícil, aunque sea cada vez más urgente.
Hasta mañana.