La fiscal de Artigas de 2° turno, Sabrina Masaferro, explicó la forma en la que operaba la organización dedicada a la trata de personas en Artigas, que captó al menos 34 ciudadanos venezolanos que viajaron a Uruguay para trabajar en una cantera de piedras semipreciosas, pero al llegar se encontraron incomunicados, sin libertad ambulatoria, con los documentos retenidos y cobrando menos de una décima parte del salario que se les había prometido.
La cantera está ubicada en la zona de El Catalán, a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Artigas por Ruta 30. Las víctimas llegaron a Uruguay en dos tandas. El primer grupo, integrado por 14 personas, de entre 25 y 53 años, partió en ómnibus el 7 de enero desde Anaco, una ciudad del noreste venezolano, ubicada a unos 90 kilómetros del Caribe. Desde allí viajaron a Santa Helena para cruzar la frontera por Paracaima, ubicada en la Amazonia brasileña.
J.S, de 53 años, había sido contactado por Telegram, a través de un anuncio laboral. Al enviar el curriculum le devolvió el mensaje una de las imputadas, también venezolana que se presentó como psicóloga de la empresa y lo animó a conseguir un grupo de trabajo para que viajen juntos a Uruguay.
La psicóloga y otras dos personas imputadas se entrevistaron por videollamada con los aspirantes y allí les plantearon la posibilidad de obtener entre 1.500 y 2.000 dólares de ingresos mensuales por ocho horas de trabajo de lunes a viernes, partiendo de un salario base de 250 y 500 dólares, dependiendo de la tarea que realizaran, con bonos por diferentes logros, como convivencia grupal, mantenimiento de las máquinas, productividad, horas extras, además de alojamiento, comida, seguro médico y acceso a internet, según consta en el pedido de formalización realizado por Masaferro.
Luego de llegar a San Pablo viajaron en avión a Montevideo, con pasajes que fueron comprados por la primera víctima con dinero que le había enviado uno de los imputados. Al llegar al Aeropuerto de Carrasco, los estaba esperando la psicóloga venezolana y la abogada y funcionaria del Ministerio de Defensa, que fue imputada por esta causa. Los llevaron a comer a un club de pesca y luego a la terminal Tres Cruces desde donde partieron a la ciudad de Artigas.
El administrador de la cantera los recibió en Artigas y fueron alojados en el mismo lugar de trabajo. Según el informe presentado por la fiscal, les mantuvieron retenidos los pasaportes durante al menos un mes, y cuando reclamaban sus documentos “les decían que estaban en otro lugar, o que estaban en Montevideo, o en una chacra o en una caja fuerte”. El 15 de enero, cuando comenzaron a trabajar, advirtieron que las jornadas se extendían por 12 horas. Tres de las 14 víctimas lograron irse de la cantera, apenas se dieron cuenta de las condiciones de trabajo. El 31 de enero se les informó que iban a cobrar 180 dólares por la primera quincena, con el descuento de la comida, el seguro médico y el uso de wifi.
Ante las quejas de los trabajadores, comenzaron a sacarlos del país. El primero fue A.J de 39 años, a quien el 6 de febrero le dijeron que tenía que ir a San Pablo para traer más trabajadores y cuando llegó a la terminal de ómnibus donde se encontraría con los nuevos empleados, se dio cuenta de que era un engaño. El hombre aún permanece en San Pablo, en un centro de acogida para refugiados. Otras dos víctimas fueron enviadas a Curitiba, a unos 1.100 kilómetros de Artigas con la excusa de ir a buscar maquinaria. Las víctimas, que fueron ubicadas por la fiscalía, permanecen en Curitiba, sin recursos.
La ausencia de los otros trabajadores comenzó a preocupar a los que permanecían en la cantera. “Se sentían privados de su libertad ya que no se les permitía salir del lugar sin alguno de los involucrados. Se les cortó el wifi para que no se comunicaran con los que ya se habían ido”, señala el documento de la Fiscalía, que relata que una de las víctimas intentó abandonar el lugar el sábado 10 de febrero pero le fue impedido por dos de los imputados, mientras que otro avisó por teléfono a la psicóloga que se iría a la mañana siguiente, pero a las dos de la madrugada fue trasladado por dos de los imputados en una chevrolet S10 a la ciudad fronteriza de Quaraí. Otra de las víctimas intentó irse con él, pero no se lo permitieron. “No me vayas a dejar aquí, no nos dejes aquí por favor, ya no aguanto más”, decía el mensaje que le envió una de las víctimas desde la cantera, al saber que había logrado salir, según consta en la carpeta de investigación.
El juez Javier López dispuso la imputación de seis personas por los delitos de asociación para delinquir y trata de personas, con prisión preventiva por 120 días como medida cautelar, debido a que aún faltan pericias celulares y tomar declaración anticipada a varias víctimas. Los imputados fueron detenidos en un hostel de Montevideo, antes que trasladaran a Artigas a otras 20 víctimas, que habían sido captadas con la misma modalidad. Según consta en el documento fiscal, cuando llegó la policía las víctimas habían firmado contratos de trabajo y tres hojas en blanco.