Hoy es 31 de mayo. Faltan 30 días para las elecciones internas y 149 para las nacionales.
En los años electorales, los partidos le presentan propuestas a la ciudadanía, pero a la vez muy diversos agrupamientos sociales les presentan sus demandas a los partidos, con el planteamiento tácito de que apoyarán a quienes prometan satisfacerlas. Ayer, por ejemplo, una delegación de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) fue recibida en comisión de la Cámara de Representantes para tratar la cuestión de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas, y terminó hablando de las medidas que ese gremio empresarial considera necesarias para el sector.
Por otra parte, la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) elaboró un documento titulado “Agenda de prioridades para el desarrollo del sector exportador”, que presentó a todas las personas que participarán en las internas del mes que viene como precandidatas a la presidencia. Los reclamos tienen un amplio común denominador y merecen un comentario.
Básicamente, lo que pidieron unos y otros fue que el Estado tome medidas para que puedan gastar menos y ganar más. En la lista figuran la rebaja de costos energéticos, logísticos y tributarios, la “flexibilización” salarial, la apertura de nuevos mercados, el logro de acuerdos comerciales internacionales, mejoras en materia de infraestructura y, por supuesto, una corrección del llamado “atraso cambiario”. Esto último, desde el punto de vista de quienes exportan, para que el cobro en dólares por ventas al exterior equivalga a más pesos; desde el punto de vista de quienes venden en el mercado interno, para disminuir la competencia de productos importados.
Cada uno de estos puntos puede —y debería— discutirse, considerando de qué modo afectarían al resto de la sociedad las medidas que solicitan los sectores empresariales y evaluando costos y beneficios en función del interés general, pero también es interesante señalar un par de sobrentendidos en estos planteamientos. En otras palabras, qué es lo que no está en discusión para la CIU y la UEU.
Uno de los temas relevantes omitidos es que los beneficios reclamados tengan contrapartidas más específicas y evaluables que la contribución genérica al crecimiento de la economía. Por ejemplo: empleo de calidad, reinversión productiva y desarrollo tecnológico. La idea subyacente de las cámaras parece ser que la actividad empresarial merece ayuda simplemente porque “genera riqueza”, y que el Estado debe apoyarla sin hacerle preguntas incómodas, como la referida a quiénes se enriquecerán.
El otro sobrentendido, que también expresa una concepción ideológica liberal, tiene que ver con la definición de cuáles son las actividades económicas que más le convienen a la sociedad uruguaya contemporánea. Las cámaras empresariales entienden que les corresponde opinar sobre todas las decisiones estatales y las políticas públicas —desde las educativas hasta las sociales—, pero rechazan que el Estado defina prioridades y orientaciones para la producción.
En cambio, cuando se trata de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, las cámaras insisten en que no se las debe ayudar sin exigirles contrapartidas, controlar qué hacen con el dinero y encaminarlas hacia actividades de utilidad social.
Hasta el lunes.