Hoy es 20 de mayo. Faltan 41 días para las elecciones internas y 160 para las nacionales.
Llegó un nuevo 20 de mayo, habrá una nueva Marcha del Silencio y tenemos nuevos motivos de preocupación. Los de siempre son la ausencia de verdad y de justicia en relación con las personas desaparecidas. Los nuevos tienen que ver con el efecto de tantos años de silencio e impunidad.
En una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana realizada del 10 al 13 de este mes, 56% de las personas consultadas consideraron que las medidas llevadas a cabo por el Estado para conocer lo sucedido con los detenidos desaparecidos en la dictadura han sido “insuficientes” o “totalmente insuficientes”, pero 35% de ellas opinaron que han sido “suficientes” o “totalmente suficientes”.
Las respuestas de conformidad con lo hecho por el Estado tuvieron 42% entre las personas con nivel socioeconómico alto y un alarmante 63% entre quienes votaron por la fórmula integrada por Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón en el balotaje de 2019. Entre quienes votaron al actual oficialismo, sólo 28% opinaron que las medidas estatales han sido insuficientes o totalmente insuficientes.
Resulta esperanzador que en el tramo de menor edad la disconformidad haya sido 59%, mayor que en el total, y la conformidad, 26%, considerablemente menor que en el total. De todos modos, es muy malo que la conformidad exista en cualquier proporción.
De casi 200 personas detenidas y desaparecidas según los datos oficiales, sólo se han encontrado restos de cinco desde 2005, cuando comenzaron los trabajos de búsqueda en posibles sitios de enterramiento, y recuperaron su identidad una docena de niñas y niños de los que los represores se habían apoderado. Son resultados muy magros, y parece probable que gran parte de quienes consideran que las medidas del Estado han sido suficientes piensen que se ha hecho lo posible, dado que quienes conocen lo que ocurrió se siguen negando a decirlo y no existe o no ha sido posible acceder a documentación en la materia.
Entre quienes compiten para presentar sus candidaturas a la presidencia en octubre, nadie dice abiertamente que haya que abandonar la búsqueda, pero en el mejor de los casos se plantea reforzar los procedimientos iniciados hace ya casi un cuarto de siglo, revisando palmo a palmo grandes superficies donde es posible, pero no seguro, que haya más restos humanos.
Sólo Francisco Faig, coordinador general de las propuestas de la precandidata nacionalista Laura Raffo y columnista del diario El País, se aventuró a decir a la diaria que, en su opinión, no persiste un pacto de silencio entre personas que cuenten con información sobre las desapariciones, sino que probablemente esas personas ya hayan fallecido sin decir la verdad.
Las marchas de cada 20 de mayo mantienen viva la memoria de las víctimas y de los crímenes. Esto es justo y necesario, pero resultaría lamentable que pasara a ser su único objetivo. Las marchas son también, desde que se realizó la primera en 1996, la continuidad de una demanda de verdad y justicia, que ha sido acompañada siempre por intentos de que la ciudadanía “dé vuelta la página” y asuma la imposibilidad de avanzar, resignándose a un mero ritual conmemorativo. Cuidémonos de esa peste.
Hasta mañana.