Hoy es 10 de mayo. Faltan 51 días para las elecciones internas y 170 para las nacionales.
Tras el impacto de la denuncia falsa contra Yamandú Orsi, causado en gran medida por su difusión masiva en redes sociales, es comprensible que muchas personas consideren necesario aprobar nueva legislación en la materia, para prevenir y sancionar el envenenamiento de la campaña electoral con prácticas maliciosas. Sin embargo, con las mejores intenciones es posible apuntar en la dirección equivocada, y un disparo desviado puede causar tanto o más daño que el enemigo al que se quiere abatir. En este sentido, es útil tener en cuenta el debate sobre un proyecto de ley que presentó en febrero el diputado nacionalista Rodrigo Goñi.
Goñi propone penalizar la generación o difusión, durante los tres meses previos a una elección nacional o el mes posterior a esta, de “contenidos materialmente engañosos mediante imágenes, sonidos o videos, con el propósito de causar daño reputacional a un candidato o una desinformación notoria en relación a la campaña electoral”. A este delito le correspondería una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría (una versión anterior establecía hasta seis años, 50% más que la mínima por un homicidio sin circunstancias atenuantes ni agravantes).
Especialistas en derecho y en comunicación social han planteado numerosas objeciones al proyecto. Entre otras cosas, señalaron que ya existen leyes sobre la difamación, para proteger no sólo a algunas de las personas que se dedican a la política durante un período acotado, sino a cualquier persona en cualquier momento. También plantearon que la intención de causar daño es difícil de probar, especialmente cuando se trata de reenvíos, entre otras cosas porque sería necesario aportar evidencia de que quien lo realizó sabía que se trataba de una falsedad. Pero quizá los cuestionamientos más profundos hayan sido otros.
Por un lado, está la cuestión, nada menor, de las libertades de información y de expresión. Una enorme cantidad de personas tienen nuevas herramientas para participar en el debate público. Resulta indudable la conveniencia de que dispongan de formación y medios para manejar esas herramientas, pero es crucial evitar que el ejercicio de sus derechos sea inhibido por el temor a ir presas. Y sucede lo mismo, por supuesto, en el caso particular de quienes se dedican al periodismo.
Por otro lado, hay que identificar con precisión en qué consisten los hechos nuevos y nocivos. La difamación con fines políticos existe desde hace muchísimos años; lo que ha cambiado es la tecnología para organizar, en gran escala y con eficiencia mucho mayor, la confección y difusión de los mensajes falsos. Este “servicio”, que se vende y se compra, implica por lo general el uso de recursos ubicados fuera del país de destino y del alcance de su legislación nacional. Y si habláramos de normas internacionales, sería muy temible la posibilidad de que las grandes potencias dispusieran de medios aún más mayores que los actuales para controlar las comunicaciones en función de sus intereses.
Los nuevos medios de manipulación de la opinión pública son un peligro real y grave para la democracia, pero algunos remedios pueden ser peores que la enfermedad.
Hasta el lunes.