Hoy es 22 de mayo. Faltan 39 días para las elecciones internas y 158 para las nacionales.
El proyecto de ley sobre financiamiento de partidos se ha tratado en esta legislatura con gran lentitud, a tal punto que la agenda de problemas urgentes fue cambiando, para peor.
Su base original fue la iniciativa que el Frente Amplio (FA) no pudo aprobar en 2017, debido a la disidencia del entonces diputado Darío Pérez, hoy integrante del Partido Nacional (PN) y alineado tras la precandidatura de Álvaro Delgado. En 2019 se decidió trasladar su consideración al siguiente Parlamento, que es el actual, y desde 2020 quedó trancada, sobre todo porque Cabildo Abierto (CA) se negó a votarla en el marco de forcejeos con el resto del oficialismo, pero la cercanía de las elecciones aceleró un poco su consideración.
A fines del año pasado se aprobó en Diputados una nueva versión del proyecto, y ayer la comisión correspondiente del Senado le dio pase al plenario de esa cámara con algunas modificaciones importantes, en virtud de mayorías distintas según el tema. Mientras sucedía todo esto, el avance del crimen organizado en el país encendió alertas rojas sobre la necesidad de prevenir que compre complicidades partidarias, un peligro que siempre existió en potencia pero que en los últimos años ha cobrado alta prioridad para quienes no se niegan a verlo.
Sin embargo, obviamente por la coyuntura preelectoral, los centros de los debates recientes han sido otros. Por un lado, los criterios para repartir el acceso a recursos en las campañas; por otro lado, y en el marco del intenso cortejo a los grandes medios por parte del PN, el intento de que los minutos de publicidad gratuita no fueran una contrapartida de los canales y radios por el uso de las frecuencias en las que emiten con fines de lucro, sino que el Estado compensara a los medios con dinero o exenciones tributarias, como si le estuvieran haciendo un costoso favor a la democracia y hubiera que retribuirlo. Y nada menos que con unos 40 millones de dólares, según la estimación preliminar del Poder Ejecutivo.
El PN logró imponer esto en Diputados, pero en la comisión del Senado quedó en minoría, porque los cabildantes sumaron sus votos a los del FA. A su vez, CA quedó en minoría cuando los demás partidos coincidieron en habilitar al Ejecutivo a que otorgue más apoyo económico a las listas encabezadas por mujeres.
En lo referido al cada vez más necesario contralor de las finanzas partidarias, hay acuerdo en aportarle a la Corte Electoral, que nunca ha dispuesto de recursos adecuados para cumplir con esta tarea, el poderoso auxilio del Tribunal de Cuentas, que sí los tiene. También se aprobó en comisión que los medios deben establecer y divulgar un precio por minuto de tanda para todos los partidos, y esto es muy relevante, aunque cabe la posibilidad de que haya descuentos por debajo de la mesa.
El balance provisorio es positivo, porque ya era hora de aprobar nuevas normas en esta materia, se han registrado avances y se frenó el retroceso que les convenía a los grandes medios audiovisuales. De todos modos, habrá que ver qué pasa cuando el proyecto sea considerado por el plenario del Senado, que lo discutirá el martes de la semana que viene.
Hasta mañana.