Hoy es 14 de junio. Faltan 16 días para las elecciones internas y 135 para las nacionales.
El senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini presentó ayer la propuesta de un “pacto antinarco y una nueva gestión de la privación de libertad”, con la intención declarada de que sea suscrito por los partidos antes de las elecciones de octubre y se exprese el año que viene mediante un proyecto de ley de urgente consideración (LUC).
Gandini dijo que quiere un acuerdo “concreto y específico”, pero planteó sólo titulares discutibles. Para “enfrentar al narcotráfico”, por ejemplo, sólo habló de controlar más el ingreso de drogas ilegales y reforzar la represión, sin mencionar medidas contra el lavado de activos y la compra de complicidades. Más allá de los contenidos, el procedimiento que propone es un gran desacierto, porque implicaría discutir a las apuradas cuestiones tan complicadas y peligrosas como la participación de militares en tareas de seguridad interna y la reforma del sistema carcelario.
La posibilidad de que el Poder Ejecutivo presente proyectos de urgente consideración llegó con la reforma constitucional aprobada en 1966, que volvió a la presidencia unipersonal y reforzó sus potestades después de 15 años en que fue sustituida por un Consejo Nacional de Gobierno con nueve integrantes.
En la gestación de aquella reforma, hubo resistencias a la aceleración del trámite legislativo, y a la idea de que los proyectos quedaran aprobados si el Parlamento no se pronunciaba en los plazos fijados. Esto determinó que hubiera tres contrapesos: uno es la posibilidad de que el Parlamento descarte la urgencia; otro, que no se les dé este tratamiento a los proyectos de presupuesto ni a los que requieren mayorías especiales para su aprobación; el tercero, que el Ejecutivo no pueda presentar “más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente, ni enviar un nuevo proyecto en tales condiciones mientras estén corriendo los plazos para la consideración legislativa de otro anteriormente enviado”.
Resulta evidente que el propósito de la última disposición es evitar que el Legislativo sea obligado a tratar con poco debate más de un asunto, y es indudable que el proyecto de LUC de 2020 no cumplió este criterio, ya que incluyó no dos sino más de una docena de temas distintos, muchos de los cuales merecían debates largos y complejos.
Se intentó justificar la presunta viveza alegando que el contenido de aquella LUC era “el programa que la mayoría votó”, pero se trataba de un argumento tramposo.
Los motivos de que Luis Lacalle Pou haya ganado el balotaje de 2019 son seguramente diversos, y es muy poco probable que el principal haya sido la lectura del documento “Compromiso por el país”, pero en todo caso aquel acuerdo era sólo una lista de intenciones, redactada en términos que disimulaban las discrepancias. Estas afloraron cuando se redactó el proyecto de LUC, y luego en su breve discusión parlamentaria, a tal punto que varios artículos relevantes para el presidente y su partido quedaron por el camino.
La LUC de 2020 devaluó al Poder Legislativo y despreció la necesidad de que este escuche muchas voces, reflexione y procure acuerdos. Sería muy malo para la política uruguaya que esto se volviera costumbre.
Hasta el lunes.