Hoy es 13 de junio. Faltan 17 días para las elecciones internas y 136 para las nacionales.
La propaganda electoral siempre se ha tomado grandes libertades en su descripción de la realidad, pero en estos tiempos a menudo se desentiende de ella por completo, aprovechando que mucha gente cree lo que quiere creer y desconfía de los datos que no confirmen sus opiniones. Desde el oficialismo se insiste, por ejemplo, en que el actual gobierno nacional ha logrado aumentar tanto el empleo como el salario, y quienes acepten esto pueden convencerse de que toda la población uruguaya vive hoy mejor que antes. Sin embargo, basta con una rápida revisión de datos básicos para ver que la situación del país tiene poco que ver con ese relato.
El poder de compra de los salarios cayó desde marzo de 2020, siguió cayendo durante tres años consecutivos y recién comenzó a repuntar a medida que se acercaban las elecciones. Decir que hoy es más alto que en 2019 escamotea tres hechos de suma importancia: el primero es que ahora es sólo un poquito más alto, en promedio, que hace cinco años; el segundo es que la pérdida acumulada antes de ese repunte significó peor calidad de vida durante la mayor parte de este período; el tercero es que hubo una transferencia desde el trabajo hacia el capital calculada en más de 2.000 millones de dólares, que aumentó la desigualdad social.
Teniendo en cuenta lo que pasó con los salarios, es obvio lo que pasó con los puestos de trabajo: el aumento de su cantidad estuvo acompañado por un descenso de su calidad. Esta es la única conclusión lógica con los datos antedichos a la vista, corresponde a la experiencia de cualquier persona que no viva dentro de una burbuja y ahora se ve confirmado por un estudio del Instituto Cuesta Duarte.
El año pasado, las personas con remuneraciones “sumergidas”, debajo de la línea de 25.000 pesos mensuales a cambio de 40 horas de trabajo por semana, fueron unas 548.000, un tercio del total de las ocupadas. De ellas, unas 166.000 no llegaron a ganar 15.000 pesos por mes.
Si tomamos como punto de comparación 2019, el año preferido para la presentación de datos oficialistas, en 2023 había unas 100.000 personas más con remuneraciones “sumergidas”. Y, como suele suceder, al desagregar los datos vemos que el perjuicio ha sido mayor para las mujeres y la juventud.
En los primeros años del actual gobierno, la caída del salario, que arrastró consigo a las jubilaciones y pensiones, se produjo mientras la economía crecía y los grandes exportadores lograban ganancias extraordinarias. Desde hace un año y medio, como señala en esta edición el senador Mario Bergara, esa bonanza cesó y esto agrava las perspectivas de la población trabajadora.
En Argentina, tras la presidencia de Mauricio Macri, hubo quienes sostuvieron que este había fracasado por quedarse a mitad de camino, sin aplicar reformas realmente drásticas, y con ese argumento apoyaron a Javier Milei. Las consecuencias están a la vista, pero en Uruguay también se sostiene que es preciso ir más allá que el actual gobierno en materia de “flexibilización” de las políticas salariales.
Hasta mañana.