Hoy es 25 de junio. Faltan cinco días para las elecciones internas y 124 para las nacionales.
En forma simultánea con las elecciones nacionales de octubre se someterá a plebiscito el proyecto de reforma constitucional sobre seguridad social impulsado por el PIT-CNT. Quizá sea necesario explicar por qué esta noticia tiene poco de inesperado.
Cuando la Corte Electoral comenzó la revisión de las firmas presentadas por la central sindical, y ante porcentajes de descarte mayores que los previstos por esta, desde el oficialismo se intentó poner en circulación la idea de que el apoyo a la consulta popular había sido falsificado, y algunas personas poco inclinadas a sacar cuentas pueden haber pensado que no habría plebiscito.
La Constitución establece como requisito que se reúna el apoyo de 10% de las personas habilitadas para votar que figuran en el Registro Cívico Nacional, y esto significa hoy 276.151 firmas. El PIT-CNT presentó más de 430.000, y el descarte, que es temerario atribuir a falsificaciones, nunca fue más de 25%. Esto quiere decir que, si la proporción se mantuviera, se aceptarían más de 320.000 firmas, superando con holgura la cantidad necesaria.
De hecho, nunca sabremos cuál es el total de las firmas que la Corte aceptaría, porque una vez que llegue a 276.151, parará de revisar. Ayer ya había aceptado 247.462 y le quedaban unas 100.000 para controlar, de las cuales sólo tendrá que dar por buenas 28.689 para que termine su tarea, con un sobrante de decenas de miles que no será necesario procesar. Aclarado esto, veamos qué puede suceder en los próximos meses de campaña.
Como es notorio, todo el oficialismo se alinea en contra del proyecto del PIT-CNT, y las opiniones están divididas dentro del Frente Amplio (FA). En su seno, son unánimes el rechazo a la ley de reforma jubilatoria aprobada por la coalición de gobierno el año pasado y la voluntad de convocar, si gana las elecciones nacionales, a un diálogo amplio para acordar otra reforma, pero no existe el mismo consenso sobre las disposiciones que se quieren incorporar a la Constitución, ni sobre la conveniencia de dejarlas establecidas allí.
El FA no participó en la elaboración del proyecto que se plebiscitará, y ante las discrepancias internas dejó en libertad de acción a sus sectores y militantes para decidir por su cuenta si participaban en la recolección de firmas. Todo indica que hará lo mismo respecto de la campaña por el Sí a la reforma, y que no resolverá incluir la papeleta por el Sí en los sobres con listas que reparta el conjunto de los frenteamplistas. No parece que esto vaya a cambiar por el resultado de las internas de este domingo, que sólo indicarán qué fuerza militante tienen los sectores ya definidos por el Sí.
El precandidato nacionalista Álvaro Delgado suele escenificar la demanda de que el FA se defina como tal sobre este asunto, pero tenía 20 años cuando se realizó la primera consulta popular sobre la ley de caducidad, en abril de 1989, y debería recordar que aquella norma y el referéndum para anularla dividieron profundamente al Partido Nacional (PN) y a más de uno de sus principales sectores. Obviamente, el PN no pudo adoptar una posición colectiva, pero de todos modos ganó las elecciones nacionales del mismo año.
Hasta mañana.