Hoy es 3 de junio. Faltan 27 días para las elecciones internas y 146 para las nacionales.
Hace cinco años, cuando comenzó la publicación de esta columna con el nombre que retoma hoy, “Apuntes de campaña”, los partidos opositores, hoy oficialistas, insistían en que la inseguridad pública era una razón principal para ponerles fin a los gobiernos frenteamplistas. Luis Lacalle Pou prometió que en su primer día hábil como presidente se reuniría con las nuevas jerarquías policiales para poner en marcha nuevas orientaciones, y esa promesa la cumplió. Lo que no ha sucedido es que la gente se sienta más protegida. En todas las encuestas sobre las principales preocupaciones de la población aparece la inseguridad.
El oficialismo insiste en que muchos delitos disminuyeron, aunque sería más preciso decir que disminuyeron las denuncias registradas de esos delitos. La gran excepción es nada menos que el homicidio, y se mantiene en niveles escandalosos la violencia de género. Es poco serio alegar que un descenso de las rapiñas acompañado por el aumento de la violencia extrema en barrios enteros, a menudo con víctimas infantiles, configura una situación mejor.
Está claro que no basta con cambiar las políticas policiales y que la prioridad de atacar la venta de drogas al por menor no ha frenado el avance del crimen organizado. No podía frenarlo sin encarar también las debilidades que implican las fronteras y las aduanas permeables, la insuficiente detección del traslado y el acopio de drogas ilegales, la precariedad del sistema carcelario y las facilidades para el lavado de activos, la compra de complicidades o la adquisición ilegal de armas y municiones. También es claro que el aumento de la desigualdad y la desintegración social en estos años facilita la implantación de las bandas criminales.
Todo lo antedicho es evidente, pero se sigue insistiendo en “combatir el fuego con el fuego” e incrementar los niveles de violencia mediante una “guerra” frontal contra el narcotráfico, con riesgosos allanamientos nocturnos para seguir cerrando “bocas” que pronto se reabren a pocas cuadras.
Quedan diez meses del actual período de gobierno y es preciso hacer todo lo posible para evitar tragedias como la que ocurrió el jueves de la semana pasada en el barrio Maracaná, con más de 100 disparos y las muertes de víctimas de 40, 18, 17 y 11 años. Sin embargo, a un mes de las elecciones internas y a cuatro de las nacionales, parece poco probable que la política de seguridad y convivencia cambie de modo sustancial. A las autoridades en ejercicio les queda muy poco tiempo para poner en práctica ideas nuevas, y el momento adecuado para buscar acuerdos multipartidarios ya pasó.
Sin olvidar las responsabilidades actuales, la prioridad ya no es cuestionar e interpelar en el Parlamento al ministro Nicolás Martinelli y su equipo, sino plantear con claridad propuestas para lograr mejores resultados. En el caso de quienes se presentan a las internas de partidos oficialistas, es legítimo que defiendan enfoques distintos de los que se han aplicado desde marzo de 2020, pero sería deseable que explicaran por qué no pudieron impulsarlos antes.
Hasta mañana.