Hoy es 7 de junio. Faltan 23 días para las elecciones internas y 142 para las nacionales.
Ayer publicamos que Alejandro Astesiano puso en marcha una investigación policial con la intención de probar que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, había comprado drogas en una presunta “boca” y que cuando comenzó el operativo de vigilancia del lugar (que finalmente resultó ser un simple almacén), le reenvió el primer informe al presidente Luis Lacalle Pou, quien le contestó: “Perfecto”.
La noticia causó un considerable revuelo, y varios dirigentes del Partido Nacional salieron a defender al presidente y a atacar a los periodistas con distintos argumentos, algunos endebles y otros disparatados. Puede haber ocasión más adelante de revisar esas primeras reacciones nacionalistas, pero hoy corresponde darles prioridad a las declaraciones del propio Lacalle Pou sobre el asunto.
El presidente se tomó su tiempo, casi un día, para pensar qué iba a decir, pero la preparación no le rindió mucho. Visiblemente molesto y en un tono agresivo, no habló de lo que habría tenido que hablar y en cambio intentó desviar la atención hacia otros temas.
Lacalle Pou no podía negar que había recibido el informe policial, pero nadie esperaba que asumiera la responsabilidad de haber ordenado la inútil pesquisa a funcionarios antidrogas (que, por cierto, tienen cosas mucho más importantes que hacer en el Uruguay de hoy). Era imaginable que el presidente le atribuyera esa responsabilidad a Astesiano y negara haber sabido que el objetivo era Abdala. Sería bastante inverosímil que la investigación sobre una presunta “boca” barrial se lanzara y se monitoreara desde Presidencia, pero el oficialismo nos tiene acostumbrados a intentos insólitos de reducción de daños.
Lo que hizo Lacalle Pou fue otra cosa, bastante peor. Para empezar, reconoció que había recibido la información sobre el operativo, pero remarcó que no la había utilizado para perjudicar a nadie. Esto fue casi una admisión de que no se trataba de una simple averiguación sobre tráfico de drogas ilegales, y además resulta que no tenía a quién perjudicar, por la sencilla razón de que la Policía concluyó que el almacén no era una “boca”.
En segundo lugar, el presidente manifestó que tiene “la conciencia tranquila” y está dispuesto a “ir a la Justicia” si alguien lo acusa. Como tiene un título de abogado, debería recordar que el procedimiento para presentar una acusación contra él requiere el llamado “juicio político”, por “violación de la Constitución u otros delitos graves”, con iniciativa exclusiva de la Cámara de Representantes. Tras esa acusación, y en los pocos meses de mandato que le quedan, una mayoría de dos tercios del Senado debería separarlo de su cargo, y recién después podría actuar el Poder Judicial. Lo de Lacalle Pou fue un alarde gratuito.
Por último, y tratando de alejar aún más la brasa que le cayó en las manos, volvió a socavar el respeto a la Fiscalía, arguyendo que no le ofrece garantías de celeridad y reserva (pese a que la exfiscal Gabriela Fossati lo trató con notoria benevolencia).
Se le olvidó condenar lo que hizo Astesiano. Quizá fue por la ofuscación, y quizá porque en estos momentos necesita más que nunca que su exjefe de seguridad se mantenga leal y callado.
Hasta el lunes.