Hoy es 12 de junio. Faltan 18 días para las elecciones internas y 137 para las nacionales.
Cuando se difundió que el presidente Luis Lacalle Pou le comentó “Perfecto” a Alejandro Astesiano tras recibir un reporte sobre el comienzo de la investigación policial que buscó incriminar al sindicalista Marcelo Abdala, desde el oficialismo se retomó la queja contra las filtraciones que “violan la privacidad”. El argumento es muy débil, porque no se trataba de un intercambio sobre cuestiones personales, íntimas o carentes de interés público, como muchos que fueron recuperados del celular de Astesiano y han sido mantenidos en reserva por todos los medios que manejan esa información, sino acerca del uso de recursos estatales para perjudicar al presidente del PIT-CNT. Además, resulta paradójico que se invoque el derecho a la privacidad para cuestionar la revelación de actos de espionaje.
Por otra parte, no fueron los únicos actos de ese tipo con los que tuvo que ver Astesiano, a veces para venderles información a clientes con intereses empresariales y otras veces en un contexto claramente político, como por ejemplo el de la búsqueda de datos para presionar a los senadores Mario Bergara y Charles Carrera, denunciantes del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Katoen Natie, o las averiguaciones para perjudicar al comisario general retirado Mario Layera, exdirector de la Policía Nacional, cuando este cuestionó públicamente aspectos de la ley de urgente consideración aprobada por el oficialismo en 2020.
Estas actividades de pesquisa secreta con recursos del Estado marcan una continuidad con las revelaciones sobre espionaje en democracia que ocuparon durante dos años, desde 2016 hasta 2018, a una comisión investigadora de la Cámara de Representantes.
En aquel momento se reunió abundante evidencia sobre persecución y seguimiento a militantes sociales y políticos por parte de agencias estatales, pero cuando el Poder Legislativo trasladó el resultado de su investigación al sistema judicial, el fiscal Enrique Rodríguez decidió que no era posible presentar imputaciones, porque los numerosos delitos que se podían tipificar habían prescrito, y la causa fue archivada.
Ahora un grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones sociales resolvió pedir que se reabra el proceso, con el sólido argumento de que, por la naturaleza secreta del espionaje en su contra, no se trata de que hayan desistido de presentar denuncias en el momento en que se realizó, sino de que no pudieron presentarlas hasta que se reveló la existencia de esa actividad ilegal.
Hay un hilo conductor entre aquellas pesquisas secretas y las que se están investigando en el caso Astesiano, y es alarmante la persistencia de prácticas que tanta gente esperó que quedaran atrás para siempre cuando terminó la dictadura. Al parecer, los partidos en campaña evalúan que este problema grave no está entre las preocupaciones centrales de los votantes, pero sería bueno que le hicieran un lugar en sus mensajes y propuestas a la población, porque sin duda muestra corrupciones y peligros cuya erradicación es indispensable, no sólo para defender el tan mentado derecho a la privacidad, sino también para fortalecer la salud de las instituciones democráticas.
Hasta mañana.