Hoy es 11 de junio. Faltan 19 días para las elecciones internas y 138 para las nacionales.
La Corte Electoral (CE) está revisando las más de 430.000 firmas presentadas por el PIT-CNT para que se realice un plebiscito de reforma constitucional sobre seguridad social, y en el reporte de ayer indicó que ya había rechazado 59.106 de un total de 241.926 (24,4%). Si ese porcentaje de rechazo persistiera, se llegaría holgadamente a la cantidad requerida, pero el descarte es mayor que el que había previsto la central sindical y le preocupa a esta.
La cuestión es delicada y hay que tratarla con sumo cuidado, porque la confiabilidad de la CE es obviamente crucial para la convivencia democrática. Además, ni siquiera cabe insinuar que la institución esté actuando por afinidad política con el actual oficialismo, ya que su integración es la definida por la Asamblea General a comienzos de octubre de 2017, cuando gobernaba el Frente Amplio, y discrepancias dentro de la coalición que ganó las últimas elecciones nacionales han impedido que cambie.
En todo caso, hay factores a tener en cuenta en lo sucesivo que no tienen que ver con sesgos partidistas ni con esta propuesta específica de reforma constitucional. El procedimiento para reunir y verificar las adhesiones a una propuesta de consulta popular es bastante anticuado, y a esta altura del siglo XXI parece más que razonable iniciar una discusión seria sobre el asunto.
Tanto para los plebiscitos de reforma constitucional como para los recursos de referéndum contra las leyes, la Constitución les reconoce el derecho de iniciativa a porcentajes de las personas habilitadas para votar (inscriptas en el Registro Cívico Nacional), 10% en el primer caso y 25% en el segundo. Que estas iniciativas se deban llevar adelante mediante la presentación a la Corte Electoral de papeles con firmas y otros datos surge de una reglamentación sin rango constitucional, que se puede y se debe revisar si hay mejores opciones.
En la CE se compara cada firma en una papeleta con la que se estampó para obtener la credencial cívica, en muchos casos hace décadas, y es habitual que la gente vaya cambiando su firma con el paso de los años. Por otra parte, buena parte de las personas más jóvenes ya no elaboran una firma personal como hacían las de generaciones anteriores, sino que simplemente escriben su nombre y apellido, con una caligrafía que también va a variar desde el momento en que gestionan su credencial.
Sería muy pertinente considerar a qué distancia estamos, con el actual desarrollo tecnológico, de procedimientos más confiables que la comparación de firmas “a ojo” por parte de personas que no son expertas en la materia. Recordemos que, en el marco del “gobierno electrónico”, el Estado ya acepta la identidad digital para muchos trámites de gran importancia.
La discusión es muy distinta de la referida a la posibilidad del voto electrónico, porque para expresar la adhesión a una propuesta de plebiscito o referéndum no se comparece personalmente, sino que hay intermediarios.
La iniciativa del PIT-CNT ya se canalizó en el marco de las normas vigentes, pero sería muy conveniente pensar, con detenimiento y rigor, si otro sistema puede ofrecer más garantías y transparencia en el futuro.
Hasta mañana.