Hoy es 26 de julio. Faltan 93 días para las elecciones nacionales.
Las desgracias, dicen, nunca vienen solas, y en la edición de hoy vienen por triplicado. Una de las desgracias es la incertidumbre acerca del futuro del Casmu, con unos 200.000 socios y una gran cantidad de trabajadores, referencia histórica en la medicina uruguaya. Se espera que el presidente Luis Lacalle Pou anuncie hoy si se permitirá que la institución acceda a recursos del fondo de garantía para el sector y si será intervenida con más o menos desplazamiento de sus actuales autoridades. Desde anteayer se realizan consultas previas a la decisión, sin que se sepa con quiénes ni sobre qué.
Con el antecedente de Casa de Galicia y a tres meses de las elecciones nacionales, circula todo tipo de especulaciones sobre intereses en juego, y cualquier resolución será seguramente motivo de fuertes polémicas, pero lo indudable es que la situación actual no sólo se debe a deficiencias de gestión propias, sino también a que durante años no hubo acciones gubernamentales para prevenir problemas que se han ido agravando, en el Casmu y en varias otras instituciones de asistencia médica colectiva. Hace más de una década que se habla de la necesidad de una segunda reforma de la salud, que avance en relación con la de 2007, supere sus insuficiencias y les dé respuesta a los nuevos desafíos que han surgido. Pero no se ha hecho más que hablar, y a veces ni eso.
Una nueva reforma implica riesgos de alto costo político, y sería mucho más viable si existieran acuerdos interpartidarios con participación de los sectores sociales involucrados, pero hemos estado muy lejos incluso de la convocatoria a un diálogo. A partir de 2020, la experiencia mostró que ni siquiera durante una emergencia sanitaria como la vinculada con la pandemia de covid-19 hubo disposición a lograr entendimientos amplios, y varias cuestiones sanitarias de alta relevancia se manejaron con demasiada incidencia de intereses partidarios y económicos.
La segunda desgracia también se relaciona con la falta de acuerdos estratégicos, pero en el área clave de la educación. Esto quedó en evidencia durante un intercambio convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), donde referentes en la materia de los partidos mayores plantearon lineamientos para el próximo período de gobierno.
Para colmo de desgracias, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el comisionado parlamentario para el sistema carcelario elaboraron un documento en el que demandan políticas de Estado ante la “situación límite y explosiva” de las prisiones. Señalaron, entre otras calamidades, que durante varias décadas casi no han existido programas con “perspectivas de derechos humanos”.
Las campañas electorales en curso no se detienen sobre cuestiones como las tres mencionadas, sino que apenas expresan, en los mejores casos, algunas orientaciones muy generales, al tiempo que alientan la ilusión de que los grandes asuntos pendientes podrán resolverse sin nuevos recursos estatales, como por arte de magia. Después no nos quejemos; hay que reclamar ahora.
Hasta el lunes.