Hoy es 1º de agosto. Faltan 87 días para las elecciones nacionales.
El exintendente Pablo Caram y la exdiputada Valentina dos Santos demostraron ser personas “rápidas para los mandados”, pero varias actuaciones relacionadas con las maniobras ilegales en la Intendencia de Artigas se caracterizan, en cambio, por su lentitud.
El Partido Nacional (PN) se tomó casi un año y medio para considerar si hacía algo ante las denuncias sobre el pago desmesurado de horas extra en esa intendencia; las sentencias llegaron antes de que hubiera tomado alguna resolución y luego de ellas pasaron casi dos semanas antes de que se desaprobara la conducta delictiva de quienes fueron elegidos y gobernaron en nombre del nacionalismo.
La Junta Departamental de Artigas le había pedido en diciembre del año pasado al Tribunal de Cuentas (TC) que auditara la generación y el pago de horas extra por parte de la intendencia, así como las compensaciones que había otorgado invocando el cumplimiento habitual de horarios mayores que los que correspondían. El organismo de contralor también se tomó su tiempo y dio a conocer un informe recién anteayer.
El TC decidió dar cuenta de sus hallazgos a la Asamblea General, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Es lo que corresponde, pero un infortunado desfasaje temporal determina que la Fiscalía y el Poder Judicial ya hayan llegado, como sabemos, a conclusiones, aunque aún quedan unas cuantas cuestiones que aclarar.
Ayer, 15 días después de la condena de Caram, el presidente Luis Lacalle Pou decidió que por fin había llegado el momento de decir algo sobre el asunto, quizá motivado porque visitó un centro de la campaña sobre salud mental “Ni silencio ni tabú”. Consultado por un grupo de periodistas acerca de lo sucedido, les obsequió el resultado de dos semanas de reflexión: “Lo que está mal, está mal, del partido que sea”.
A estas lentitudes se agrega la de la agrupación nacionalista Artigas Adelante (AA), liderada por Dos Santos, que al parecer no comprende todavía el significado de la resolución aprobada por unanimidad el lunes en el directorio del PN, que le prohibió a la exdiputada postularse por su lema a cualquier cargo electivo.
Dos Santos renunció a su banca con la intención declarada de asumir la intendencia de Artigas como suplente de Caram (quien, a su vez, iba a renunciar para ser candidato a la Cámara de Representantes) y luego postularse al gobierno departamental el año que viene. El enroque planificado se malogró debido a las condenas de ambos, pero la sentencia de la exdiputada suspende su ciudadanía hasta mediados de enero de 2025, y ella puede ser candidata para las elecciones departamentales que se realizarán cuatro meses después.
Cuando dirigentes de AA aseguraron que Dos Santos se postularía, las autoridades del PN decidieron finalmente prohibirle que lo hiciera mediante listas blancas. Sin embargo, esos dirigentes no entienden o hacen como que no entienden lo que ocurrió, y evalúan pedir que se le permita a la exdiputada usar el lema una vez que haya cumplido su pena. Cabe esperar que el Honorable Directorio no demore demasiado en explicarles la situación.
Hasta mañana.