Hoy es 15 de agosto. Faltan 73 días para las elecciones nacionales.
Cuando se revela una trama de corrupción en el Estado, siempre hay consecuencias a corto plazo. La cuestión clave es que las haya también a largo plazo.
En lo inmediato, las instituciones con potestades de contralor (que incluyen al Poder Legislativo) pueden ser las primeras en detectar hechos de apariencia delictiva o actuar a partir de denuncias provenientes de la sociedad civil (que incluyen las periodísticas). Al sistema judicial le toca investigar, presentar evidencia de que se cometieron delitos, establecer responsabilidades y asignar condenas. Desde el sistema partidario se libran batallas por la opinión pública, con fuerzas articuladas para defender los intereses propios y atacar los ajenos.
Todo lo antedicho sucede siempre, con distintos niveles de calidad y eficacia. Es muy importante que los actos ilegales se denuncien, se prueben y sean sancionados, pero también hay que identificar los puntos débiles que facilitaron el desarrollo de la corrupción y adoptar medidas para prevenir casos futuros. Así, con una mirada de largo plazo y por encima de los intereses partidarios inmediatos, se defiende la credibilidad de las instituciones y de la propia democracia.
Los escándalos en varias intendencias, por ejemplo, son graves por sí mismos, y aún más graves como síntomas de lo que se puede hacer durante años desde un gobierno departamental, si no hay normas que lo impidan y organismos de control con la potencia necesaria para intervenir a tiempo. También hay grandes tareas pendientes en relación con el llamado “caso Astesiano”, que nos ha permitido entrever, con alarma, lo que es posible en demasiadas áreas opacas donde interactúan lo público y lo privado.
El martes por la tarde, en la Facultad de Ciencias Sociales, se realizó una mesa redonda denominada “El caso Astesiano: aprendizajes y desafíos para combatir la corrupción”, para intercambiar reflexiones sobre el largo plazo a partir del libro de nuestro compañero Lucas Silva. La intervención de Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), señaló en forma contundente qué controles fallaron, y se puede agregar que es urgente desarrollar otros.
Durante sucesivos gobiernos, “Presidencia” dejó de ser apenas un rubro presupuestal del Poder Ejecutivo y se ha transformado en un organismo que abarca cada vez más funciones, a las que se suman las intervenciones directas del presidente y sus colaboradores más cercanos en muchas áreas de la administración del Estado. El contralor de lo que se hace desde ese organismo hipertrofiado es mucho más difícil que el de las actuaciones ministeriales.
Sus jerarcas dependen directamente del presidente de la República, quien no puede ser llamado a sala y tampoco juzgado sin que el Parlamento decida, con mayorías especiales en ambas cámaras, que es responsable de “violación de la Constitución u otros delitos graves”, no definidos en ninguna norma.
En esa estructura hay demasiadas oportunidades para delinquir con impunidad, y no sólo para personas como Astesiano, pero la necesidad de tomar precauciones no se está jerarquizando en la campaña, pese a la pésima experiencia reciente.
Hasta mañana.