Hoy es 6 de agosto. Faltan 82 días para las elecciones nacionales.
Se ha insistido mucho, en particular desde el Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto, con un relato sobre la Fiscalía General de la Nación que la presenta como un organismo copado por el frenteamplismo. Según esta narrativa, Jorge Díaz convirtió al organismo, cuando era fiscal de Corte, en una estructura militante que trabaja para perjudicar al actual oficialismo y proteger al Frente Amplio (FA). Hay dirigentes que lo dicen en forma explícita y otros que lo insinúan sin mucho disimulo. Veamos dos ejemplos recientes.
A fines de mayo de este año, el presidente Luis Lacalle Pou dijo a periodistas en Rocha que había “preocupación con respecto a algún tratamiento de Fiscalía”, porque unas causas iban “a 180 kilómetros por hora” y otras avanzaban con lentitud o permanecían “quietas”, entre ellas la vinculada con la fuga del mafioso Rocco Morabito cuando gobernaba el FA.
Hace menos de un mes se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedido de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que justamente había apelado a ese organismo para denunciar que sufre un “contexto de acoso” desde la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). En esa ocasión, el representante permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, Washington Abdala, enumeró investigaciones que a su entender se han demorado en exceso, todas ellas sobre hechos que pueden comprometer al FA.
Sin embargo, a nadie se le puede ocurrir que el manejo del caso Astesiano por parte de la entonces fiscal Gabriela Fossati haya tenido la intención de perjudicar al PN o a Lacalle Pou. El fiscal Gilberto Rodríguez dispuso el archivo de la denuncia presentada por legisladores del FA sobre el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Katoen Natie, y la fiscal Silvia Porteiro ratificó la decisión de Rodríguez después de reexaminar el caso. Hace pocos días, la fiscal Mónica Ferrero, en ejercicio de la fiscalía de Corte, rechazó el pedido de realizar una nueva pericia al celular de Astesiano, a fin de recuperar, entre otros intercambios, los que tuvo con el presidente de la República.
Ahora el mismo fiscal que archivó por primera vez la causa de Katoen Natie decidió que también se archive una investigación sobre Elbio Rodríguez, colaborador de Germán Cardoso cuando este era ministro de Turismo. El investigado intermedió en la compra de servicios por valor de 280.000 dólares a la empresa Kirma Services, presuntamente con sede en Estonia y dirigida por un chipriota, pero que le enviaba mensajes de correo electrónico al ministerio desde Uruguay.
Esto no indica que Fiscalía trabaje para el oficialismo. Cada fiscal tiene autonomía y toma decisiones que se pueden discutir (en lo posible, sin agravios y con cierto conocimiento del CPP y del caso en cuestión): lo que tienen en común no es el accionar organizado al servicio de intereses partidarios, sino la escasez de recursos. Esto explica algunas insuficiencias de su trabajo, denunciadas cuando afectan a algunas personas poderosas pero que también perjudican a muchísimas más, cuyas quejas no son amplificadas por los medios de comunicación.
Hasta mañana.