Hoy es 5 de agosto. Faltan 83 días para las elecciones nacionales.
Bernardo Legnani, miembro del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), estuvo en la comisión de la Cámara de Representantes que analiza el proyecto sobre prisión domiciliaria y expuso la posición unánime del organismo que integra.
Opinó Legnani que para excarcelar a quienes participaron en el terrorismo de Estado, y son, por tanto, responsables de “las más graves violaciones de derechos humanos”, se debería evaluar si “han contribuido a la verdad” acerca de las personas detenidas y desaparecidas”, si “han mostrado signos de arrepentimiento” y qué efectos tendría su “liberación domiciliaria anticipada [...] a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares”. De lo contrario, advirtió, otorgarles ese beneficio iría “contra la obligación de reparar a las víctimas” y podría “conducir a una forma de impunidad”.
Nada de esto llama la atención; lo insólito es cómo reaccionó Cabildo Abierto (CA). Resulta que Legnani fue designado por el Parlamento a propuesta del senador Guillermo Domenech y, al parecer, CA considera que es su representante en la institución.
Por lo tanto, pretende tener la potestad de juzgar que haya manifestado críticas (que ni siquiera eran personales, sino de todo el Consejo Directivo de la INDDHH) a un proyecto presentado originalmente por CA, que luego se modificó. La versión cabildante hacía obligatorio y automático, sin la evaluación de un juez, el beneficio de la prisión domiciliaria para las personas privadas de libertad mayores de 65 años, concediéndolo así a todos los represores recluidos en la cárcel de Domingo Arena.
La Junta Nacional de CA declaró que “procederá a evaluar los descargos presentados por el doctor Legnani en una carta” que le fue remitida, para adoptar “las medidas que correspondan”. El conductor del partido, Guido Manini Ríos, reafirmó que tras el estudio del escrito que Legnani envió “en su defensa” se adoptará una “medida” al respecto. El sector cabildante liderado por el teniente coronel retirado Eduardo Radaelli ya afirmó que corresponde la “renuncia inmediata” de Legnani.
Una rápida consulta al texto de la ley que creó la INDDHH muestra la profunda desubicación e impertinencia de estas reacciones.
El artículo 36 de la norma dice que la designación de quienes integran el Consejo Directivo se debe realizar procurando “asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación”, y no la representación de partidos.
Según el artículo 46, integrar el Consejo es incompatible con “la actividad política partidaria y gremial o sindical, con excepción del voto”. El 51 establece que los miembros del organismo “no estarán sujetos a mandato imperativo, ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad”. Por lo tanto, tampoco corresponde que Legnani le presente a CA explicaciones o “descargos”. Manini no se ha enterado de lo que dice la ley o no se quiere enterar.
Hasta mañana.