Hoy es 16 de agosto. Faltan 72 días para las elecciones nacionales.
Hace muchos años que los llamados a sala, más conocidos como interpelaciones, se desarrollan en la gran mayoría de los casos como un ritual político, orientado a influir sobre la opinión pública pero que no atrae mucha atención. Opositores y oficialistas hacen sus exposiciones, y al final de una larga sesión el resultado no sorprende a nadie: la mayoría declara satisfactorias las explicaciones de las personas convocadas al Parlamento para darlas.
Esto es por lo general desalentador, pero se vuelve indignante cuando el tema en discusión es, como ayer en el Senado, la muerte de una adolescente de 16 años cuya vida y bienestar debía proteger el Estado. Una muchachita que estaba a cargo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en Rivera, fue víctima de explotación sexual, quedó embarazada en “salidas no acordadas” de la institución y murió después de una cesárea, realizada ocho semanas antes de la fecha probable de parto.
Cualquier discusión sobre esta trágica historia debería reconocer por lo menos lo más evidente: el Estado falló y las consecuencias fueron fatales. Hay un cúmulo de responsabilidades históricas e institucionales, y un contexto social pavoroso, pero es inconcebible que no se acepte la existencia de responsabilidades personales directas. Sin embargo, la interpelación se desarrolló, como de costumbre, bajo las reglas que impone la política partidaria, potenciadas por la cercanía de las elecciones.
El oficialismo cerró filas para respaldar a las autoridades del INAU y del Ministerio de Desarrollo Social, y aprobó una declaración final para afirmar que actuaron en “estricto cumplimiento” de “lo dispuesto por la Constitución de la República”, y que fueron “satisfactorias sus respuestas a todas las interrogantes planteadas en sala”, pese a que quedaron unas cuantas preguntas sin contestar.
Entre los jerarcas expositores estuvo el presidente del INAU, Guillermo Fossati, quien no había tenido mejor idea que declarar, cuando murió la adolescente y con la aparente intención de exculparse, que ella “mostraba indiferencia a los peligros a los que se exponía”. La senadora interpelante, Silvia Nane, le reprochó aquellos dichos y Fossati los reafirmó, alegando que la chiquilina había perdido la capacidad de ponerle freno a su conducta. Cuesta imaginar con qué criterio esto pudo resultar “satisfactorio”.
La declaración aprobada por el oficialismo no asumió la existencia de responsabilidades directas ni la necesidad de aumentar los recursos insuficientes con que cuentan el INAU, el Poder Judicial o las políticas sociales para niñas, niños y adolescentes, incluyendo las de prevención de la explotación sexual, que va en aumento junto con la pobreza y la institucionalización.
Cabe recordar, por ejemplo, que el servicio de atención a mujeres en situaciones de trata con fines de explotación sexual o laboral funciona en condiciones de emergencia desde noviembre del año pasado y tuvo sólo dos ingresos en lo que va de este año, como informamos en la edición de ayer.
Con instituciones en la indigencia y partidos en campaña continua, sólo podemos ir de mal en peor.
Hasta el lunes.