Hoy es 22 de agosto. Faltan 66 días para las elecciones nacionales.
Las campañas electorales de los candidatos con más posibilidades de ganar eluden cualquier declaración de propósitos que pueda hacerles perder votos, por su contenido real o porque desde filas adversarias sea fácil presentarla como si fuera temible, y resulte difícil explicar que no lo es.
Se da un caso particular cuando las expectativas y los temores se cruzan, y esto es —precisamente— lo que ocurre actualmente en Uruguay. El país tiene problemas sociales relevantes que incluyen el aumento de la desigualdad y la pobreza, potenciado por insuficiencias en la calidad del trabajo, el monto de las pasividades, la educación o el sistema nacional de cuidados. Tales problemas —y varios otros— requieren políticas públicas potentes que, a su vez, requieren financiamiento, pero está muy arraigada la percepción de que la carga tributaria ya es alta, y los candidatos no quieren que se los asocie con la intención de aumentar los impuestos.
En este contexto, hay promesas de resolver los dramas sociales y de no incrementar la carga tributaria. Lo mejor sería lograr esto con un aumento considerable de la producción, que permitiera recaudar más sin cambiar las tasas, pero nadie piensa que esto se vaya a lograr con una rapidez acorde a las urgencias del país, y la doble promesa se vuelve poco creíble.
El actual oficialismo afirmó, en su exitosa campaña anterior, que la clave era aumentar la eficacia del gasto al tiempo que se reducía, para lograr más con menos dinero, y aunque la experiencia indica que no lo logró, intenta reiterar el encantamiento.
Del lado de la oposición, el panorama es más diverso. Hay quienes asumen que será difícil incrementar de forma significativa los ingresos del Estado, y quienes señalan que no se trata de aumentar “los impuestos” en general, sino de redistribuir su carga con criterios progresistas, pero también quienes sostienen que es posible y deseable obtener grandes recursos gravando las riquezas. Esta última postura subyace a la propuesta de reforma constitucional sobre seguridad social, pero se manifiesta también en otros terrenos, y en cada una de ellos se le enfrentan quienes advierten que los recursos posibles no son tan grandes ni tan fáciles de recaudar.
En la edición de hoy, el economista Carlos Grau Pérez aborda la cuestión, plantea alternativas para aumentar los ingresos del Estado y destaca la importancia de tres. La primera es revisar y acotar lo que se suele llamar “gasto tributario” o “renuncia fiscal”, o sea la actual reducción de impuestos a una considerable cantidad de actividades. La segunda es la ya mencionada redistribución de la carga, con herramientas como la del IVA personalizado. La tercera es el endeudamiento mediante la emisión de “bonos soberanos sociales”, con metas específicas como la de reducir la pobreza infantil, un tipo de herramienta bien vista en la actualidad por organismos financieros internacionales.
Parece poco probable que los principales actores partidarios profundicen sus debates sobre estas u otras opciones, pero es imperioso buscar caminos entre el voluntarismo y el “no se puede”.
Hasta mañana.