Hoy es 16 de setiembre. Faltan 41 días para las elecciones nacionales.
Como todos los años, la exposición rural del Prado fue un estrado para que la Asociación Rural del Uruguay (ARU) expresara su mensaje político, que mantiene una notoria consistencia desde fines del siglo XIX, cuando esa gremial fue fundada por un grupo de hacendados entre los que se destacaba Domingo Ordoñana.
El mensaje tiene como premisa que la producción agropecuaria es la razón de que nuestro país exista y pueda sostener el conjunto de su entramado social e institucional. Sobre tal base, se le suele reprochar al sistema partidario un presunto parasitismo de la riqueza que genera “el campo”.
Desde el punto de vista de la ARU, a los productores siempre podría irles mejor sin el peso de un Estado demasiado costoso que se financia con impuestos demasiado altos. Cuando gobernaba el Frente Amplio, criticaban el desembolso en políticas sociales. En los últimos años, cuestionan que el manejo de la política monetaria para combatir la inflación causa “atraso cambiario” y afecta las ganancias de los exportadores.
Lo invariable del relato es presentar a “la patria agropecuaria” (así la llamaba Ordoñana) como acreedora y víctima, eterna productora de riquezas que el resto del país aprovecha o dilapida. Y es frecuente que desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se defienda la misma narrativa o, por lo menos, se transe con ella. El actual titular de ese ministerio, Fernando Mattos, dijo el sábado en el cierre de la exposición rural que los productores deben recibir del Estado mayores “beneficios económicos”.
Toda esta vieja retórica es impugnada por las consideraciones ambientales que avanzan en el mundo y nos señalan que el lucro del agronegocio se genera, de modo creciente, a costa de la riqueza del país y en perjuicio de la sociedad.
Un informe del Ministerio de Ambiente confirmó que los ríos y los arroyos de la cuenca de la laguna Merín están muy contaminados debido al uso masivo de sustancias tóxicas en el agronegocio. La crisis hídrica que afectó el suministro de agua potable el año pasado no se debió sólo a la sequía, sino también a prácticas contaminantes y antisociales por parte de productores en la cuenca del Santa Lucía, y el propio agravamiento de las sequías tiene que ver con el cambio climático.
A su vez, los países compradores de nuestras exportaciones agropecuarias exigen cada vez más que su producción se realice sin causar daños al ambiente, y se pueden perder mercados si los empresarios de Uruguay no cambian sus conductas.
El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, opina que “es importante saber administrar las fricciones” entre los productores y el Estado, pero señaló que el monto de las sanciones a las prácticas contaminantes debe aumentar.
El presidente de la ARU, Patricio Cortabarría, protestó el sábado contra las regulaciones ambientales “que están llegando desde el exterior”, y afirmó que no hay que imponerlas “sin un estudio sobre el impacto económico y social que ellas pueden tener”. En realidad, es necesario imponerlas para prevenir grandes impactos económicos y sociales. Sería bueno que este tema tuviera mayor presencia en la campaña electoral.
Hasta mañana.