Hoy es 10 de setiembre. Faltan 47 días para las elecciones nacionales.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones nacionales, las encuestas atraen cada vez más atención, y entre los datos que registran importan mucho los referidos a cuál de los dos grandes bloques en pugna tiene más chance de lograr mayoría parlamentaria propia. Esto tiene gran relevancia por numerosos motivos, y uno de ellos es que, desde la reforma constitucional de 1996, siempre que hubo balotaje (o sea, en cuatro de las cinco elecciones realizadas) ganó la fórmula que ya contaba con esa mayoría.
Nunca sucedió, desde el retorno de la democracia, a la inversa, que un presidente comenzara su mandato sin apoyo suficiente en el Parlamento para aprobar leyes, aunque sí hubo algunos que perdieron ese apoyo a determinada altura de su gestión y tuvieron que seguir adelante, negociando cada proyecto o sólo con las potestades, no menores, que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo.
Tampoco pasó que el presidente empezara a gobernar con respaldo mayoritario en sólo una de las dos cámaras, algo que podría ocurrirle, según las encuestas, al candidato frenteamplista Yamandú Orsi.
Quién va a ganar y si tendrá mayoría parlamentaria es, por ahora, incierto. Lo que sí se puede y se debería ir pensando es con qué actitud política afrontará cada candidato la relación de fuerzas en el Poder Legislativo.
Está bastante instalada la noción de que la mayoría da vía libre para imponer los proyectos propios sin pedir ni escuchar aportes, pero la experiencia reciente no fue siempre esa. En varias oportunidades, y en relación con temas nada menores, hubo convocatorias desde el oficialismo a la oposición para buscar acuerdos, o el oficialismo negoció apoyos parlamentarios opositores para sobreponerse a disidencias internas.
Hubo, por ejemplo, negociaciones exitosas del Frente Amplio con el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, para aprobar en 2012 la ley de interrupción voluntaria del embarazo; y en 2017 con el entonces diputado colorado Fernando Amado, para aprobar un artículo clave de la Rendición de Cuentas. También hubo, por supuesto, muchas negociaciones fallidas.
Durante la presidencia de José Mujica, por ejemplo, se formaron grupos multipartidarios con la finalidad de procurar políticas de Estado en las áreas de seguridad, educación, ambiente y energía. El actual gobierno creó una Comisión de Expertos en Seguridad Social y un ámbito de diálogo sobre seguridad pública.
El diálogo no determina que haya entendimientos, y en algunas ocasiones ni siquiera queda claro si la intención es esa o sólo se trata de quedar bien ante la opinión pública, pero el gesto político de crear un ámbito de intercambio es más valioso para la convivencia democrática que el de descartarlo con soberbia.
Quienes procuran la polarización como estrategia política construyen relatos en los que sólo cabe el uso sistemático de “aplanadoras” y “manos de yeso” contra los adversarios. Sin embargo, nuestro sistema de partidos ha demostrado ser capaz de lograr soluciones mejores, y hay varios temas en la agenda nacional que lo exigirán, gane quien gane y con independencia de que logre mayoría parlamentaria propia.
Hasta mañana.