Hoy es 26 de setiembre. Faltan 31 días para las elecciones nacionales.
En las campañas pasan a veces cosas que con mucha buena voluntad se pueden considerar casualidades, pero cuando las presuntas casualidades se acumulan, la buena voluntad disminuye. Ayer, a 32 días de las elecciones, la fiscal Silvia Porteiro pidió el desafuero del senador frenteamplista Charles Carrera para que sea posible acusarlo por hechos ocurridos cuando era director general de Secretaría en el Ministerio del Interior, desde el período de gobierno de José Mujica.
La historia es intrincada, pero lo básico es que Carrera se ocupó de que recibiera tratamiento en el Hospital Policial una persona que quedó parapléjica debido a un balazo recibido en noviembre de 2012, probablemente disparado desde la casa donde vivía el entonces subcomisario de Policía de La Paloma. Porteiro considera que hay elementos para imputarle al hoy senador un delito de abuso de funciones.
A fines de 2022, el oficialismo aprobó la formación de una comisión investigadora del Senado sobre el asunto, agitó el tema durante un año y finalmente decidió realizar una denuncia judicial, pero los hechos por los que Porteiro quiere acusar a Carrera no fueron descubiertos por esa comisión. Los denunció formalmente, antes de que se formara la investigadora, Luis Alberto Heber, con datos que estaban en el Ministerio del Interior cuando él lo dirigía.
Esto sucedió poco después de que comenzara la búsqueda de información con la que presionar a Carrera y al también senador frenteamplista Mario Bergara para que retiraran su denuncia contra el acuerdo con Katoen Natie, negociado por el propio Heber cuando fue ministro de Transporte y Obras Públicas. La denuncia de Carrera y Bergara se archivó definitivamente por decisión de la misma fiscal Porteiro.
Por aquel intento de espionaje, que involucró a Alejandro Astesiano, fue condenado en marzo de este año el militar retirado Marcelo Acuña, pero no se pudo establecer quién le había encargado la tarea.
Ayer Carrera cortó por lo sano y presentó su renuncia al Senado para quedar a disposición de la Justicia. Esta es la única forma real de “renunciar a los fueros”, algo que muchos anuncian que harán y muy pocos hacen.
“Los fueros” no existen con ese nombre en la normativa uruguaya: hay cuatro artículos de la Constitución (93, 102, 103 y 114) en los que se establece que los legisladores, desde el día de su elección hasta el de su cese, sólo pueden ser acusados por el sistema judicial si en el propio Parlamento se decide habilitar que esto ocurra.
Cuando se trata de una “violación de la Constitución u otros delitos graves”, un “juicio político” puede terminar con la separación del cargo de la persona acusada, contra la que recién después se puede iniciar un proceso judicial. Si se trata de delitos menos graves, la cámara de la que forma parte un parlamentario puede suspenderlo en sus funciones para que quede a disposición del tribunal competente (como pasó con el exsenador nacionalista Gustavo Penadés).
La única decisión individual que pone fin a la inmunidad parlamentaria es la renuncia al Parlamento. A las operaciones de desprestigio político es más difícil ponerles fin.
Hasta mañana.