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El presidente Luis Lacalle Pou anunció el 2 de marzo de 2022, en su mensaje de ese año a la Asamblea General, que el Poder Ejecutivo avanzaría con el proyecto Neptuno-Arazatí para tomar aguas del Río de la Plata con destino a su consumo en el área metropolitana. De inmediato se encendieron varias alarmas, porque ese proyecto no era nuevo: ya se había presentado, fue rechazado por razones técnicas y con el paso de los años los argumentos en contra han aumentado.
Pese a ello, cuando el ingeniero Arturo Castagnino volvió a la gerencia general de OSE, designado por el actual oficialismo, retomó el impulso de esta iniciativa que había desplegado antes de los gobiernos del Frente Amplio, esta vez con éxito.
En el intento de justificar el proyecto se ha repetido hasta el cansancio que la zona de mayor consumo de agua del país es vulnerable a las crisis de abastecimiento porque depende solamente de la cuenca del río Santa Lucía y que el Plata es una fuente “infinita”. Sin embargo, por poco que hayamos aprendido de la crisis hídrica del año pasado, debería haber quedado claro que el agua puede ser o no potable, y la que aportaría Arazatí tiene problemas evidentes.
Desde hace mucho tiempo se sabe que la salinidad del Río de la Plata presenta variaciones significativas, y esto tuvo mucho que ver con el rechazo anterior del proyecto. Por otra parte, prácticas productivas dañinas vienen causando una contaminación creciente de las aguas en la cuenca del Santa Lucía, que tiene entre otras consecuencias indeseables la floración de cianobacterias, y esas aguas terminan en el Plata con su carga de nutrientes que año tras año alimentan a los microorganismos en zonas costeras, como es comprobable a simple vista.
Además, la reforma constitucional aprobada por amplia mayoría en el plebiscito de 2004 establece con claridad que “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano” debe ser prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”, y el proyecto Neptuno fue adjudicado al consorcio privado Aguas de Montevideo, que lo había propuesto y está formado por las empresas Berkes, Ciemsa, Fast y Saceem.
El estudio de los impactos ambientales que tendría esta iniciativa ha sido insuficiente, pero todos los datos disponibles la desaconsejan. Ahora se suma nueva evidencia por estudios que realizó el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. El procesamiento de datos obtenidos de 2016 a 2021 indica que la zona costera de Arazatí presenta una alta frecuencia de floraciones de cianobacterias.
Las mediciones de salinidad y el monitoreo de floraciones que ha llevado a cabo desde 2021 el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, por encargo de OSE, contradicen las afirmaciones optimistas del director técnico del proyecto.
Sin embargo, el Ejecutivo sigue empecinado en poner en marcha Arazatí antes de que termine su mandato, con compromisos legales que luego serán muy difícil de desactivar. La insistencia de Aguas de Montevideo tiene que ver con su interés en un negocio lucrativo, la de las autoridades llama la atención.
Hasta mañana.