Hoy es 17 de setiembre. Faltan 40 días para las elecciones nacionales.
La Dirección Nacional de Policía Caminera cumplió 70 años y se realizó un acto para festejarlo, con la presencia del presidente, Luis Lacalle Pou. Habló, como correspondía, el jerarca del área, Mauricio Tort, y aprovechó la ocasión, como no correspondía, para elogiar al actual gobierno nacional y defender el proyecto de reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, impulsado desde el oficialismo.
Es de mal gusto adular en público a los superiores, pero además parece obvio que Tort violó la Constitución, que le manda abstenerse de cualquier “acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. No es excusa que Lacalle Pou haya decidido hacer campaña por la misma reforma, y en contra de la que impulsa el PIT-CNT sobre seguridad social, pese a que la Constitución le prohíbe “intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.
Lacalle Pou se ampara en la interpretación, muy discutible, de que sólo tiene “carácter electoral” la votación de listas de candidatos a integrar organismos de gobierno. Las consultas populares también implican una elección: en los referéndums se elige entre anular o mantener vigentes disposiciones legales; en los plebiscitos, entre hacerle cambios a la Constitución o dejarla como está.
Esa interpretación ha llevado incluso a que algún destacado constitucionalista considerara que la abogada Analía Piñeyrúa, integrante de la Corte Electoral y abarcada por la misma prohibición constitucional que el presidente, podía criticar la campaña por el referéndum contra la ley de urgente consideración aprobada en 2020, aunque integrara el organismo que debía dar garantías de imparcialidad en aquella consulta popular.
Los intentos de reforma constitucional en Uruguay tienen una larga y compleja historia. Después de la salida de la dictadura hubo más de una docena de iniciativas partidarias, sociales o mixtas que llegaron a ser votadas, y varias más que no reunieron el apoyo necesario para ser sometidas a una consulta popular. Sin embargo, en la Constitución hay muchas disposiciones que sería bueno redactar en forma más clara, modificar e incluso eliminar, pero que permanecen intactas.
La oposición de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip) a la propuesta de allanamientos nocturnos plantea un problema delicado, ya que sus integrantes podrían considerarse comprendidos en la prohibición constitucional (establecida cuando organizaciones como la suya no existían ni podían existir), pero por otro lado están amparados por las libertades sindicales. Es una de las cuestiones que sería provechoso aclarar en forma inequívoca mediante una reforma.
En todo caso, hay diferencias sustanciales con el caso de Tort. La Conasip se manifiesta sobre una iniciativa que afecta en forma directa, eventualmente con riesgo de vida, la actividad laboral de las personas a las que representa. El director de la Policía Caminera, quien habló de uniforme y en un acto institucional, sólo podría verse involucrado, como comentó ayer un compañero de redacción en la diaria, en el allanamiento de alguna casa rodante.
Hasta mañana.