Hoy es 2 de setiembre. Faltan 55 días para las elecciones nacionales.
En un mundo tan interconectado como el actual, lo que pasa en un país puede ser apenas el primer ensayo para operaciones en mayor escala. Este es uno de los motivos para prestarle mucha atención al conflicto en curso entre la Justicia de Brasil y la empresa dueña de la red social X, antes llamada Twitter.
Los datos básicos del problema comienzan hace unos años, con la reacción institucional brasileña a las campañas masivas para manipular la opinión pública que llevaron adelante partidarios del expresidente Jair Bolsonaro mediante publicaciones en Twitter y otras redes sociales. No sólo con fines electorales, sino también para propiciar un golpe de Estado que impidiera la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva luego de que este derrotara a Bolsonaro en las elecciones de 2022.
El juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil desde 2017 y expresidente del Tribunal Superior Electoral, lleva adelante una investigación sobre estas operaciones de desinformación, y este año le ordenó a X que eliminara cuentas desde las que se difundieron masivamente noticias falsificadas. El multimillonario Elon Musk, dueño de X desde 2022, se negó a cumplir esa orden, y la Justicia comenzó a aplicarle multas a la empresa.
Musk cerró la oficina brasileña de X para evitar procesamientos por desacato y De Moraes lo intimó a nombrar un representante legal en Brasil, so pena de suspender sus actividades en ese país. El magnate no realizó ese nombramiento y el juez dispuso un bloqueo de X en el territorio brasileño, vigente desde el sábado.
Ahora Musk se presenta como víctima de un atropello autoritario a la libertad de expresión y redobló la difusión de acusaciones contra De Moraes, en varios casos sin evidencia que las respalde. El juez convocó para hoy a una reunión para que el STF decida si avala o revoca el bloqueo a X.
Una medida como la que ordenó De Moraes enciende alarmas, porque las redes sociales son un medio de intercomunicación multitudinario con gran potencial democratizador y eriza la idea de que los estados las controlen. Sin embargo, es preciso tener en cuenta un complejo conjunto de factores para reflexionar sobre este conflicto.
Incluso quienes afirman que “la mejor ley de medios es la que no existe” reconocen la necesidad de algunas regulaciones básicas. Sobre todo, cuando, como en el caso de las redes, hablamos de una especie de servicio público que está por completo en manos del sector privado, a cargo de empresas más poderosas que muchos gobiernos y atravesando las tensiones entre la globalización y las soberanías nacionales.
A su vez, que las redes sean manejadas por grandes empresas determina que tengan fines de lucro, y esto se vincula con problemas como el de la recopilación de datos de las personas usuarias para vendérselos a otras empresas y a operadores políticos. Aparte de que sus dueños tienen, como cualquiera, una ideología que influye en decisiones clave para la humanidad.
En Uruguay, la regulación de los medios sigue sin afectar internet, pero nos conviene ir pensando sobre estos asuntos, sin las urgencias y las simplificaciones que caracterizan, por ejemplo, al intercambio en X.
Hasta mañana.