Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El intendente de Maldonado, Enrique Antía, planteó ayer que es necesaria una ley para regular las reediciones del programa Oportunidad Laboral (OL), más conocido como “jornales solidarios”. Dicen que no hay nada más permanente que una solución transitoria, y lo que fue reacción urgente ante una crisis se va consolidando como política estable, pese a su notoria insuficiencia.
La creación en 2021 de OL fue una respuesta muy parcial al impacto de la emergencia sanitaria, que afectó especialmente los niveles de empleo y remuneración de las personas más vulnerables. Se le ofrece a gente desocupada que no esté percibiendo jubilaciones, pensiones, subsidios por desempleo o enfermedad u otros tipos de retribuciones personales, y quienes ingresan al programa reciben cada mes, durante períodos breves, 13.000 pesos por 12 días de trabajo para gobiernos departamentales, que quedan exonerados de aportes patronales.
Se presentaron en la primera edición casi 17 personas por cada cupo y, como era previsible, una vez que el programa se puso en marcha pasó a ser alto el costo social y político de interrumpirlo definitivamente. Fue renovado para 2022, 2023 y 2024, con intervalos después de cada período, y ya a comienzos de 2023 extrabajadores de OL realizaron (sin éxito) una huelga de hambre para reclamar continuidad, alegando que se había dejado “en la calle a 10.000 personas”.
El pedido de Antía tiene que ver con el hecho de que una eventual reedición del programa este año se produciría poco antes de las elecciones departamentales. Aunque la mayor parte del dinero para las remuneraciones es aportada por el gobierno central, las intendencias cosechan en gran medida el rédito. No fue casualidad que el proyecto para regular el ingreso de personal y los ascensos en gobiernos departamentales, presentado en 2023 por el diputado colorado Adrián Peña, se haya anunciado en el marco del debate parlamentario sobre una de las reediciones de OL.
Cabe señalar aquí que quienes estuvieron durante el período de gobierno pasado en este régimen precario y transitorio figuraron como población ocupada en los registros del Instituto Nacional de Estadística, por haber trabajado por lo menos una hora durante la primera semana del mes en que respondieron a la Encuesta Continua de Hogares. Sin embargo, es obvio que la situación de esas personas es muy distinta de la de alguien con un trabajo estable, formal y digno.
No cabe la menor duda de que hay una fuerte demanda para la oferta de OL, y en cada edición la cantidad de aspirantes fue muy superior a los cupos disponibles, en el entorno de 16 para cada uno. También es indudable que tal demanda muestra consecuencias del aumento de la pobreza y la desigualdad en el último quinquenio. Mientras la necesidad persiste, este programa es mejor que nada, y sin duda se puede mejorar, pero se trata de un parche que nunca va a resolver el problema de fondo.
Como señaló Fernando Isabella en una entrevista que publicamos ayer, reducir la pobreza y la desigualdad es un requisito para que aumenten la productividad y la competitividad del país. Esto no va a lograrse con changas por 13.000 pesos mensuales.
Hasta el lunes.