Cuatro extrabajadores de los jornales solidarios iniciaron este martes una huelga de hambre frente a la Torre Ejecutiva. Su principal reclamo es la extensión del programa de empleo de febrero a mayo, cuando está previsto que se reanude el plan. “El poder nacional es la custodia del pueblo, nos tiene que amparar, está en la Constitución. Acá nos dejaron en la calle a 10.000 personas”, dijo a la diaria Karina Camacho, vocera de los huelguistas.

A las 19.00, ya con poca luz y contra el viento, el grupo de cuatro personas de entre 34 y 56 años armaron una carpa de camping sobre el pasto de la plaza Independencia, a la espera de supergás y luz proporcionada por algunos referentes del movimiento sindical allí presentes, entre ellos, integrantes de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas, sindicato que en 2019 protagonizó una huelga de hambre de 30 días.

Karina Camacho al inicio de la huelga de hambre de trabajadores de Jornales Solidarios, ayer, en la plaza Independencia.

Karina Camacho al inicio de la huelga de hambre de trabajadores de Jornales Solidarios, ayer, en la plaza Independencia.

Foto: Camilo dos Santos

El programa Oportunidad Laboral es una iniciativa del Poder Ejecutivo respaldada por el Poder Legislativo. A mediados de 2021, en el marco de la pandemia, el Parlamento aprobó por unanimidad la creación de 15.000 puestos de trabajo, administrados por los gobiernos departamentales, por seis meses y con una remuneración mensual de 12.500 pesos nominales por 12 jornales. Se anotaron 250.605 personas, es decir, 16,7 personas por cupo.

A mitad de 2022 el Parlamento aprobó -también por unanimidad- la segunda fase del programa. Esta vez se sortearon 10.000 puestos de trabajo. Hubo 159.846 inscriptos, unas 15,9 personas por cupo. El sueldo se mantuvo igual. Previsto en principio hasta octubre, el programa terminó extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2022. Según dijeron los trabajadores organizados de los jornales solidarios, a partir de ese día fueron dados de baja en el Banco de Previsión Social.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, ha comentado que el gobierno evalúa implementar una tercera edición del programa en 2023, cuyas características deberían definirse en conversación con el Congreso de Intendentes. La nueva fase empezará en mayo, pero el principal reclamo de los huelguistas es acceder a una solución laboral y económica antes.

“Queremos que haya continuidad laboral de febrero a mayo en los mismos lugares de trabajo para las mismas personas”, expresó Camacho. Una vez culminada la primera etapa, en 2022 volvieron a sortearse los puestos de trabajo, sin garantías para los que ya estaban.

“Ya no vamos a reclamar”, aseguró Camacho, en referencia a un eventual tercer sorteo en mayo. “Nosotros queremos cubrir estos cuatro meses que quedamos sin nada”. En rueda de prensa, agregó que la huelga de hambre es en representación de los 10.000 extrabajadores de los jornales solidarios a nivel nacional, “acá somos todos protagonistas”. “Los 19 departamentos estamos unidos en esta huelga”, manifestó.

La vocera del grupo reconoció que el gobierno “no está en obligación” de prorrogar el programa, que desde un principio se planteó como algo temporal, pero sostuvo que sí tiene la obligación de dar una respuesta a “la miseria que se ve en las calles”. “Estamos vulnerables ante todo, la comida, el pago de la factura de la luz, nos hemos atrasado en todo, pensamos que íbamos a tener la misma extensión que hubo el año pasado”, señaló.

Reunión a último momento

Horas antes del inicio de la huelga, Fernando Echeverría, intendente de Flores y actual presidente del Congreso de Intendentes, estuvo reunido en la Torre Ejecutiva con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Benjamín Irazábal, y con Camacho para tratar el tema. Al respecto, la vocera indicó que fue una reunión de tres horas con “un diálogo muy fluido”. “Nos escucharon, nos entendieron, [pero] no nos prometieron absolutamente nada”.

En entrevista con VTV noticias, Echeverría dijo que “el gobierno nacional se comprometió para una nueva edición [de los jornales solidarios] en 2023”, pero puntualizó que antes “tenemos que tener una evaluación de todas las intendencias” de la segunda etapa. Consultado sobre la posibilidad de atender el reclamo de los huelguistas, expresó: “No sé si hay posibilidades, nosotros vamos a trasladar esa posibilidad al gobierno”. Por ahora lo único que está planteado es una nueva reunión el próximo viernes entre el grupo de manifestantes y las autoridades del gobierno.

Para la extensión del programa hasta mayo, como reclaman los huelguistas, es necesario que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley al Parlamento y que sea aprobado en ambas cámaras. Según Camacho, “de la misma manera que hoy la reunión fue de carácter urgente también podrían sacar urgentemente una ley y los jornales solidarios podríamos volver en febrero”. “Las intendencias ya están todas de acuerdo, es el presidente [Luis Lacalle Pou] el que tiene que dar el ok”, subrayó.

En entrevista con MVD noticias, el intendente de Salto, Andrés Lima, señaló que todavía no está definido el número de puestos de trabajo que tendría la tercera edición de los jornales solidarios, “si van a ser 10.000 de nuevo, o van a ser más, o van a ser menos”. Tampoco está resuelto “si se va a brindar una distribución especial en cuanto a la zona del litoral”. En ese sentido, indicó que los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro registran los mayores niveles de desocupación “como consecuencia de la falta de política de fronteras y la diferencia de precios”.