Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El último proyecto de ley del colorado Adrián Peña que se trató en el Parlamento establecía, en pocas palabras, que los ingresos y ascensos de personal en los gobiernos departamentales se definieran mediante concursos o sorteos, para prevenir prácticas clientelistas muy habituales. Lo apoyó el Frente Amplio (FA), que había presentado antes iniciativas similares, pero a comienzos de abril del año pasado la oposición en bloque del Partido Nacional (PN) determinó que faltara un voto en el Senado para lograr la mayoría especial requerida.
Una semana después, el sector colorado Ciudadanos hizo suya una iniciativa planteada en la diaria por el politólogo Daniel Chasquetti, y presentó un proyecto de reforma constitucional por iniciativa parlamentaria con el mismo contenido. No tuvo éxito porque en la Mesa Política del FA no se formó la mayoría necesaria para acompañar aquella propuesta; al igual que en el Senado, faltó un voto. Quienes se opusieron alegaron que apelar a la vía plebiscitaria era inconveniente y apresurado, pero también fue claro que buscaban evitar una nueva iniciativa de reforma constitucional, que complicara la chance de la impulsada por el PIT-CNT sobre seguridad social.
Todo quedó como estaba, pese a que, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, había una amplísima mayoría a favor de la reforma.
Ayer, además de homenajear a Peña en el primer aniversario de su muerte, el Parlamento reactivó la consideración de aquel proyecto, en comisión de la Cámara de Representantes. El FA presentó una propuesta propia, de alcances más amplios, y es probable que se logre unificar ambas. En los papeles, esta vez se puede formar la mayoría especial necesaria para aprobar una ley.
Desde el PN se manifestó disposición a estudiar el tema e incluso hubo dirigentes de peso que declararon, en principio, su voluntad de apoyo. Esto implicaría un cambio drástico, porque el año pasado ese partido sostuvo, con fundamentos muy endebles, que la iniciativa de Peña era un atropello del centralismo montevideano, que violaba las autonomías departamentales y expresaba un profundo desconocimiento de la realidad en el interior.
La argumentación fue la misma que se empleó ante el escándalo que determinó la imputación del exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y en muchos otros casos anteriores. Dirigentes nacionalistas afirmaron que las designaciones directas son necesarias, al igual que otros procedimientos sin igualdad de oportunidades ni transparencia, para que los gobernantes departamentales respondan en forma oportuna y eficaz a las necesidades populares.
Durante la discusión del proyecto de Peña se manejó un relevamiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil: en 2022, 5.071 de los 7.631 ingresos a gobiernos departamentales, o sea casi dos tercios, se produjeron por designación directa. 15 de las 19 intendencias eran —y son aún— gobernadas por nacionalistas y en varias de ellas se registraban los mayores abusos de ese procedimiento.
Si hay un cambio de opinión del PN, bienvenido será. Lo urgente no es pasarle factura, sino ponerle freno al clientelismo arcaico, arbitrario, corruptor y humillante.
Hasta mañana.